Ramiro Ávila denuncia uso excesivo de la fuerza, criminalización de la protesta y riesgos de retroceso democrático en Ecuador en entrevista en Desalineados con Edu Andino
La muerte del indígena Efraín Fúarez durante las protestas contra el alza del diésel en Ecuador ha desatado una crisis política y jurídica. El abogado y exjuez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, asegura que el gobierno de Daniel Noboa se niega a dialogar con los manifestantes, mientras las Fuerzas Armadas actúan con exceso de fuerza en contextos de protesta, violando estándares internacionales de derechos humanos. Este caso, ocurrido en medio de un paro nacional convocado por la CONAIE, pone en jaque la estabilidad democrática del país.
Muerte en la protesta: entre la espalda y la impunidad
Según versiones preliminares basadas en el informe de autopsia citado por la periodista Karol Noroña, Efraín Fúarez recibió un disparo por la espalda durante las movilizaciones en contra del incremento del precio del diésel. Ávila subraya que, incluso en escenarios de conflicto armado —que el gobierno ha invocado al declarar estado de excepción—, el derecho internacional humanitario obliga a brindar asistencia humanitaria a cualquier persona herida, combatiente o no. En este caso, testigos reportaron que un uniformado no solo no auxilió a Fúarez, sino que agredió con culatazos a quien intentaba socorrerlo.
“En cualquier marco jurídico aplicable —ya sea el derecho internacional humanitario o los estándares de derechos humanos en protestas pacíficas—, lo ocurrido con Efraín Fúarez constituye un delito grave”, afirma Ávila. “Podría tratarse de una ejecución extrajudicial o, en el peor de los casos, un crimen de guerra”.
Militarización de la protesta: una violación sistemática
El uso de las Fuerzas Armadas para controlar manifestaciones civiles es, según Ávila, una práctica contraria a la Constitución ecuatoriana y a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Los militares no están entrenados para gestionar protestas. Su rol es la defensa externa, no la seguridad interna”, explica. En cambio, la Policía Nacional cuenta con protocolos específicos sobre el uso progresivo y proporcional de la fuerza, que incluyen prohibiciones explícitas contra disparar proyectiles directamente al cuerpo.
Sin embargo, el gobierno de Noboa ha desplegado convoyes militares fuertemente armados en ciudades como Otavalo, Ibarra y Quito, en respuesta a las movilizaciones indígenas y sociales. Ávila señala que esta estrategia no solo es ineficaz, sino que intensifica la violencia: “Cada acto represivo genera más motivos para protestar. En lugar de apagar el fuego, se le echa gasolina”.
Criminalización de la disidencia y uso político de la justicia
Paralelamente a la represión en las calles, el gobierno ha impulsado investigaciones penales contra líderes sociales, abogados y activistas. Casos como el de Yaku Pérez —investigado por presunta asociación ilícita tras promover movilizaciones en defensa del agua en Kimsacocha— ilustran, según Ávila, un patrón de “uso selectivo del derecho penal para silenciar a la oposición”.
Doce manifestantes detenidos en Otavalo fueron trasladados en helicóptero al Estadio Olímpico de Ibarra y luego a cárceles de máxima seguridad en Esmeraldas y Puerto Viejo, regiones donde recientemente ocurrieron masacres carcelarias. Para Ávila, esta medida no solo carece de fundamento legal, sino que evoca prácticas de dictaduras del pasado: “El simbolismo es deliberado: generar miedo, aislar a los detenidos y enviar un mensaje de que protestar puede costar la vida o la libertad en condiciones extremas”.
¿Una nueva Constitución para restringir derechos?
En este contexto, el presidente Noboa impulsa una consulta popular para convocar a una Asamblea Constituyente. Ávila interpreta esta iniciativa no como un proyecto de renovación democrática, sino como un intento de “adaptar la Constitución a leyes ya declaradas inconstitucionales por la Corte”. Entre ellas, menciona reformas en materia de inteligencia, seguridad y régimen penitenciario que amplían facultades estatales a costa de derechos fundamentales.
“Si la nueva Constitución se redacta bajo esta lógica autoritaria, será la peor en la historia del Ecuador”, advierte. Además, cuestiona la legitimidad del proceso: “No se puede construir una nueva carta magna mientras se reprime a quienes disienten y se militarizan las calles”.
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Democracia en la encrucijada
La muerte de Efraín Fúarez no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis más profunda: la erosión del Estado de derecho, la desconfianza en las instituciones y la creciente brecha entre el gobierno y la ciudadanía. Ramiro Ávila insiste en que aún hay margen para rectificar: “El diálogo no es una concesión, es una obligación constitucional”. Pero mientras Noboa se niegue a sentarse con los movimientos sociales, el país corre el riesgo de normalizar la represión como herramienta de gobernanza.
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