La crisis jurídica y política en Ecuador: interpretaciones legales a conveniencia

Salim Zaidán, abogado y docente de derecho constitucional, analiza los riesgos de la inestabilidad institucional y el debilitamiento del Estado de derecho.

El uso arbitrario de las normas jurídicas por parte de los actores políticos en Ecuador ha desatado una crisis de institucionalidad que pone en riesgo la democracia. Salim Zaidán explica cómo las decisiones recientes han erosionado el orden constitucional.

Ecuador atraviesa un momento de incertidumbre jurídica y política. Según Salim Zaidán, abogado y docente de derecho constitucional, la interpretación discrecional de las normas por parte de actores políticos, incluido el presidente de la República, está debilitando el Estado de derecho. En una reciente entrevista con Ecuavisa, Zaidán explicó las implicaciones de esta tendencia para la estabilidad del país.

Uno de los puntos más críticos señalados por Zaidán es la expedición de los decretos ejecutivos 494 y 500, en los cuales, según el constitucionalista, se distorsionan los conceptos de fuerza mayor y ausencia temporal. “La fuerza mayor implica hechos irresistibles. Hacer campaña electoral no entra en esa categoría”, afirmó.

Zaidán también subrayó que la falta de respeto a la Constitución y a la normativa electoral por parte del Ejecutivo, como la obligación de los dignatarios de elección popular de pedir licencia para postularse a la reelección, refleja un desprecio al ordenamiento jurídico. “El presidente de la República ha actuado fuera de sus competencias, generando un estado de hecho que agrava la crisis institucional”, señaló.

La designación de Cynthia Gellibert como presidenta encargada ha generado incertidumbre. Según Zaidán, los actos de gobierno que pueda emitir Gellibert tienen una presunción de constitucionalidad mientras no sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Sin embargo, enfatizó que “la ambigüedad en los decretos crea un vacío legal que perjudica la legitimidad de las decisiones”.

Además, el abogado destacó que el incumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia, que establece que los dignatarios deben pedir licencia para postularse, pone en entredicho la transparencia del proceso electoral y la independencia de las instituciones encargadas de supervisarlo.

Zaidán advirtió que la crisis no solo afecta el ámbito jurídico, sino también la estabilidad política y económica. “El presidente ha enviado una señal negativa al exterior, lo que podría repercutir en el mercado internacional”, afirmó.

La relación tensa entre el presidente y la vicepresidenta Verónica Abad también agrava el escenario. Según Zaidán, esta confrontación interna no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también sacrifica la estabilidad del país por intereses políticos.

Para Zaidán, el primer paso para resolver esta crisis es que las instituciones clave, como el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional, actúen con independencia y firmeza para restablecer el orden democrático. “El poder debe someterse al derecho, no al revés”, insistió.

En un mensaje final, Zaidán hizo un llamado a la comunidad jurídica y académica para exigir correcciones. “Si permitimos que las instituciones sean instrumentalizadas para fines políticos, estamos poniendo en peligro los pilares fundamentales de nuestra democracia”, concluyó. ¿Es posible superar la crisis institucional en Ecuador con las actuales condiciones de confrontación política y uso discrecional de la ley?

Fuente: ECUAVISA | prensa.ec