La destitución exprés de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí marcan un giro institucional sin precedentes en el sistema político peruano.
La destitución relámpago de la presidenta Dina Boluarte y la inmediata asunción de José Jerí como nuevo jefe de Estado en Perú, ha generado un profundo debate sobre la estabilidad institucional, la naturaleza del régimen político y las expectativas frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana. El cambio, impulsado por el Congreso con escasas dos horas de notificación a la mandataria, pone en cuestión los límites constitucionales y abre interrogantes sobre el futuro inmediato del país andino.
La gota que derramó el vaso
Según el abogado y analista político Gustavo Romero Umlauff, entrevistado en PBO, la destitución de Boluarte fue el corolario de una acumulación de errores de gestión, más que un hecho aislado. “El caso del concierto de Aguamarina fue la cereza del postre”, afirmó, refiriéndose al evento que desató protestas masivas por su supuesta vinculación con redes de narcotráfico. Sin embargo, subrayó que el ambiente ya estaba caldeado: paros de transportistas, movilizaciones juveniles los fines de semana y una percepción generalizada de frivolidad en el manejo de la crisis de seguridad.
Romero Umlauff destacó que la presidenta careció de una estrategia clara contra la criminalidad, lo que erosionó su legitimidad ante la ciudadanía. “No se trata solo de un error puntual, sino de una ausencia estructural de liderazgo”, señaló.
Un proceso cuestionado: ¿vacancia o golpe institucional?
El procedimiento parlamentario que condujo a la salida de Boluarte ha sido ampliamente cuestionado. El Congreso la citó a comparecer a las 11:30 p.m., tras convocar la sesión a las 9:30 p.m., dejándole apenas dos horas para preparar su defensa. Para Romero Umlauff, esto evidencia un “tribunal sumario” en el que la decisión ya estaba tomada.
Aunque el artículo 113 de la Constitución peruana permite la vacancia por “incapacidad moral permanente”, varios constitucionalistas —incluidos exmiembros del Tribunal Constitucional— han señalado que los fundamentos expuestos no cumplen con ese estándar jurídico. “Lo que existe es ineptitud política, no incapacidad moral”, aclaró el analista, subrayando que ambas categorías son jurídicamente distintas.
De presidencialismo a parlamentarismo: una mutación constitucional
Uno de los puntos más relevantes del análisis de Romero Umlauff es la transformación silenciosa del régimen político peruano. “Ya no estamos ante un sistema presidencialista, sino parlamentario de facto”, sostuvo. En este nuevo esquema, el Congreso no solo nombra al presidente, sino que también lo destituye con relativa facilidad, imitando dinámicas propias de sistemas como el británico o el español.
Esta mutación, según el experto, es consecuencia de la fragmentación partidaria y la proliferación de “empresas políticas” sin ideología ni proyecto nacional. Desde 2018, la reforma política ha debilitado los partidos tradicionales, favoreciendo alianzas efímeras que responden a intereses coyunturales. “El resultado es inestabilidad crónica y gobernabilidad precaria”, advirtió.
Expectativas frente a un gobierno de transición
Jerí, de 38 años y presidente del Congreso hasta su asunción, asume con una bancada de apenas nueve congresistas. Aunque su juventud y perfil dialogante generan cierta esperanza, Romero Umlauff es cauto: “En cinco meses y medio no se resuelve la criminalidad ni se rehace la política peruana”.
No obstante, destacó como acierto simbólico la reunión inmediata de Jerí con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “Una imagen vale mil palabras: transmite unidad y prioridad en seguridad”, señaló. Su principal desafío, según el analista, será garantizar elecciones presidenciales transparentes en 2026, tras los cuestionamientos que rodearon los comicios de 2021.
También advirtió sobre la presencia de actores externos en las protestas recientes, incluyendo banderas asociadas al ML-19, un grupo armado de origen colombiano-peruano. “Hay intereses que buscan capitalizar el caos”, alertó.
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¿Hacia dónde va Perú?
La destitución de Dina Boluarte no es solo un cambio de rostro en el poder, sino un síntoma de una crisis más profunda: la descomposición del pacto institucional y la pérdida de confianza en la clase política. Mientras el país entra en una fase de transición ultrabreve, la pregunta central no es si Jerí podrá resolver los problemas estructurales —algo improbable en tan poco tiempo—, sino si las élites políticas aprenderán de esta experiencia para evitar que el Congreso se convierta en un árbitro permanente del poder ejecutivo. La estabilidad democrática de Perú depende, más que nunca, de reformas profundas y no de ajustes de emergencia.
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