Ecuador recibirá esta semana 600 millones del FMI para inversión social e infraestructura

La ministra de Economía, Sariha Moya, confirma el desembolso y amplía el crédito de 4.000 a 5.000 millones de dólares hasta 2028.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) transferirá esta semana 600 millones de dólares al Ecuador como parte del programa de 4.000 millones suscrito en 2024 y que, tras la última revisión, se amplió a 5.000 millones hasta 2028. La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya Angulo, anunció en una entrevista con Teleamazonas que los recursos se destinarán prioritariamente a inversión social y a proyectos de infraestructura y energía. El desembolso se produce luego de que el país superara las metas fiscales y de crecimiento pactadas para diciembre y abril, situación que, según Moya, abre la puerta a nuevos financiamientos con organismos multilaterales.

Moya explicó que los 5.000 millones se canalizarán a través del Plan Anual de Inversiones, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. “Las prioridades están en el sector social —salud, educación, bonos— y en infraestructura, incluida la energía”, dijo. El Gobierno busca diversificar la matriz energética y abrir espacio a la generación privada para reducir la dependencia estatal y atraer inversiones.

Además del FMI, el Banco Mundial, la CAF y el BID han confirmado nuevas líneas de crédito que se suman al monto original. “Un plan económico sólido y un crecimiento real atraen financiamiento”, subrayó la ministra. Ecuador cerró el primer trimestre de 2025 con un crecimiento del 3,4 %, por encima del 2,8 % estimado por el Banco Central y del 1,7 % proyectado por el FMI.

El Gobierno cumplió las metas de déficit y deuda a diciembre y abril, lo que habilitó la ampliación del crédito. Los próximos pasos, según Moya, incluyen:

• La apertura del catastro minero y un régimen tributario para la minería.
• Normativa para profundizar el mercado interno de bonos y retornar a los mercados internacionales en 2026.
• Esquemas de generación eléctrica privada que vendan a la red pública.

Estas medidas buscan “costear los servicios sociales e inversiones públicas sin depender permanentemente de deuda”, afirmó.

Consultada sobre la focalización del subsidio al diésel, Moya respondió que “todos los mecanismos se analizan de forma técnica”. Reconoció que el Gobierno trabaja en “optimizar el gasto” y avanzar hacia un sistema “más progresivo y equitativo”. Sin embargo, descartó que una reforma tributaria esté en la agenda inmediata. “El mejor crecimiento eleva la recaudación sin subir impuestos”, indicó.

El crecimiento económico aún no se traduce en un repunte claro del empleo. La tasa de empleo adecuado apenas subió 0,1 % y el desempleo se ubicó en 4,1 % en mayo. Moya atribuyó la demora a que “el mercado laboral reacciona con rezago” y espera resultados positivos en el tercer trimestre.

En cuanto a pagos atrasados, el ministerio cerró 2024 con 3.900 millones cancelados a proveedores. En lo que va de 2025, ya se han desembolsado más de 1.000 millones en programas sociales y más de 70 millones a prestadores de diálisis. Moya aseguró que los pagos se programan diariamente y que, en esta semana, no hay obligaciones pendientes dentro del Ministerio de Economía para conceptos de limpieza, seguridad ni alimentación hospitalaria.

El ingreso de 600 millones de dólares del FMI refuerza las arcas del Estado, pero también reafirma la apuesta del Gobierno por mantener un sendero fiscal prudente mientras invierte en salud, educación y obras públicas. Aún resta ver si la combinación de crecimiento, ingresos mineros y posibles ajustes a subsidios será suficiente para alcanzar la ansiada autosostenibilidad financiera.