Mauricio Torres, contralor general, destaca logros en inteligencia artificial, depuración institucional y auditorías clave en su primer año de funciones.

En su primer año al frente de la Contraloría General del Estado, Mauricio Torres presenta avances significativos en tecnología, depuración institucional y controles de auditoría. La implementación de inteligencia artificial y el manejo de casos emblemáticos marcan un nuevo rumbo en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas en Ecuador.
La Contraloría General del Estado, bajo la dirección de Mauricio Torres, ha dado pasos firmes hacia la modernización y la transparencia en la gestión pública. En una entrevista reciente, Torres destacó que en su primer año de funciones se ha logrado incorporar herramientas tecnológicas avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para optimizar procesos críticos como el análisis de declaraciones patrimoniales juramentadas. Según el contralor, esta innovación permitirá identificar irregularidades en tiempo récord, agilizando investigaciones clave.
“En un mes o dos, estaremos operando con inteligencia artificial para analizar datos. Esto nos permitirá profundizar en los contrastes de declaraciones patrimoniales y detectar aumentos o disminuciones injustificadas”, afirmó Torres, quien también resaltó la importancia de estos avances en la lucha contra la corrupción.

Además, Torres detalló la depuración interna realizada dentro de la institución. Un total de 28 servidores han sido separados por irregularidades como el manejo indebido de información reservada y vínculos con estudios jurídicos externos. “Hoy contamos con una contraloría técnica y profesional, que no persigue a servidores públicos ni ciudadanos, sino que actúa basada en resultados concretos”, señaló.
En cuanto a los casos emblemáticos, la Contraloría está auditando contratos otorgados durante emergencias, como los de generadores eléctricos para Salitral y Quevedo. Las investigaciones, que comenzaron en octubre, revelan irregularidades en la entrega y operación de los equipos, pese a haber pagos millonarios comprometidos. “Es necesario analizar la pertinencia de estas contrataciones y las prórrogas otorgadas, además de exigir el cumplimiento de las sanciones económicas ya aplicadas”, puntualizó Torres.
Otra prioridad ha sido la revisión de declaraciones patrimoniales de jueces y fiscales. Hasta la fecha, de 200 casos analizados, se han identificado 40 con indicios de responsabilidad penal. Estas investigaciones buscan fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial y combatir la corrupción en todas sus formas.
Sin embargo, Torres admitió limitaciones en el personal de la Contraloría, señalando que la institución cuenta con apenas 800 auditores para supervisar más de 3,400 entidades públicas. “Necesitaríamos entre 1,000 y 2,000 auditores para operar de manera óptima. Estamos capacitando a personal administrativo y estudiantes universitarios para cubrir esta brecha”, explicó.
La Contraloría también enfrenta denuncias de irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de diversas instituciones, incluido el Municipio de Quito. Según Torres, se ha iniciado una auditoría para determinar el uso de recursos destinados a las fiestas de la ciudad, en respuesta a pedidos de concejales y del alcalde.
El contralor concluyó destacando la importancia de la planificación y la ejecución responsable de los recursos públicos, incluso en situaciones de emergencia. “La normativa debe ser respetada siempre, y la emergencia no puede ser una excusa para la discrecionalidad”, afirmó.
Con un enfoque crítico hacia la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia, la Contraloría busca consolidarse como un pilar en la rendición de cuentas en Ecuador. La pregunta ahora es: ¿Podrán las reformas estructurales proponer soluciones sostenibles frente a los retos de personal y recursos que enfrenta la institución?
Fuente: TELEAMAZONAS | prensa.ec






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