Sacha: La joya de la corona que el Ecuador busca recuperar con una estrategia sin deuda y con beneficios históricos

Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, junto al Ministro de Economía y Finanzas y el Viceministro de Hidrocarburos, detallan el plan para revitalizar el campo petrolero Sacha sin privatización y con una inversión social sin precedentes.

En una rueda de prensa convocada por el gobierno del Nuevo Ecuador, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, junto al ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, y el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, explicaron los detalles de la adjudicación del campo Sacha a un consorcio internacional. Con una prima de $1.500 millones que no representa deuda para el Estado, el gobierno busca modernizar la infraestructura petrolera, aumentar la producción y destinar recursos frescos a programas sociales urgentes. ¿Será este el renacimiento de la “joya de la corona” de la Amazonía ecuatoriana?

El campo Sacha, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, ha sido históricamente considerado la “joya de la corona” de la industria petrolera del país. Sin embargo, tras 50 años de operación, la infraestructura se encuentra en un estado crítico: tanques corroídos, sistemas contra incendios obsoletos, más de 1.200 puntos de contaminación y un riesgo ambiental latente. La ministra Inés Manzano no dudó en calificar la situación como una “corona oxidada” que necesita urgentemente ser pulida.

La estrategia del gobierno para revitalizar Sacha no incluye privatización ni venta. En cambio, se ha optado por un contrato de participación con un consorcio liderado por Sinopec, una de las empresas estatales más grandes de China, y New Stratus Energy. Este modelo garantiza que el Estado ecuatoriano mantenga la propiedad del recurso petrolero, mientras el consorcio asume los costos de operación, mantenimiento y modernización.

Uno de los puntos más destacados es la prima de $1.500 millones, un monto récord en Sudamérica, que no constituye deuda para el Estado. Según el viceministro Ferreira, esta prima es “un obsequio” que el consorcio paga por el derecho a operar el campo. Además, el Estado recibirá el 82% de los beneficios generados por la producción, siempre y cuando el precio del petróleo se mantenga en $62 por barril.

Los $1.500 millones serán destinados íntegramente a inversión social. La ministra Manzano enfatizó que estos recursos no se usarán para pagar deudas externas, sino para programas urgentes como el bono de la viuda, el bono de los 1.000 días, créditos blandos para emprendedores y agricultores, y la reconstrucción de viviendas afectadas por desastres naturales. También se priorizarán proyectos de agua potable, salud y educación en las comunidades aledañas al campo Sacha.

El campo Sacha no solo enfrenta desafíos operativos, sino también ambientales. Con más de 1.200 puntos de contaminación y 82 mecheros que queman gas, el impacto ecológico es significativo. Manzano recordó la sentencia de la Corte Constitucional que ordena la eliminación de los mecheros para 2030, pero aseguró que el gobierno busca cumplir esta meta antes de 2026. El consorcio asumirá la responsabilidad de remediar estos problemas, incluyendo la reutilización del gas para generar energía.

Frente a críticas sobre la adjudicación directa, la ministra aclaró que el proceso se ajusta a la Ley de Hidrocarburos y fue supervisado por el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas (Col). Además, se solicitó un examen especial a la Contraloría General del Estado para garantizar la transparencia del proceso. “No es un contrato a dedo”, afirmó Manzano, destacando que se invitó a otras empresas estatales, pero solo el consorcio presentó una propuesta integral.

El campo Sacha representa una oportunidad única para el Ecuador: modernizar su infraestructura petrolera, aumentar la producción sin endeudarse y destinar recursos frescos a programas sociales urgentes. Sin embargo, el éxito de este modelo dependerá de la capacidad del consorcio para cumplir con sus compromisos y de la supervisión rigurosa del Estado. ¿Podrá el Ecuador recuperar su “joya de la corona” sin repetir los errores del pasado? La respuesta está en los próximos 20 años de operación.