Adjudicación del campo Sacha: ¿Un negocio opaco que compromete los ingresos del Ecuador?

La entrega del campo petrolero más productivo del país a un consorcio privado genera polémica y alerta sobre posibles pérdidas millonarias para el Estado.

El campo Sacha, la joya de la corona de la industria petrolera ecuatoriana, ha sido adjudicado a un consorcio privado en medio de acusaciones de opacidad y falta de transparencia. Con una producción anual de más de 1,700 millones de dólares, ¿es esta decisión un golpe a la economía nacional?

El campo Sacha, ubicado en la región amazónica de Ecuador, es el mayor productor de petróleo del país. Durante décadas, ha sido un pilar fundamental para la economía nacional, generando ingresos que se destinan a salud, educación e infraestructura. Sin embargo, la reciente adjudicación de su operación a un consorcio privado ha encendido las alarmas en diversos sectores.

El consorcio Sinopetrol, integrado por las empresas Petrolia Ecuador y Amodaimi Oil Company S.L. —subsidiarias de la canadiense New Stratus Energy y la estatal china Sinopec—, se llevará el 87.5% de la producción del campo. Según el contrato, el Estado recibirá el 12.5% restante, lo que ha generado críticas por considerarse un porcentaje insuficiente para un recurso estratégico.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que la adjudicación se realizó “en medio de toda opacidad”, sin consultar a la ciudadanía ni garantizar transparencia en el proceso. “Esta decisión plantea serias dudas sobre el futuro económico de la nación”, señaló la CNA en un comunicado.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, rechazó enérgicamente la adjudicación, advirtiendo que podría perjudicar al Estado en más de 8,000 millones de dólares. “El Gobierno aprovechó el feriado de Carnaval para entregar el campo Sacha a una empresa privada, contraviniendo la Ley de Hidrocarburos”, afirmó el legislativo en un comunicado.

Además, la Asamblea recordó que la Comisión de Fiscalización convocó en varias ocasiones a autoridades del Gobierno para que expliquen el proceso, pero no obtuvo respuestas. “Fiscalizaremos este procedimiento irregular para salvaguardar los intereses económicos de todos los ecuatorianos”, agregó.

La ministra de Energía, Inés Manzano, defendió la decisión en redes sociales, asegurando que el contrato aún no ha sido firmado. “En caso de hacerlo, lo haremos pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social”, afirmó.

Manzano también invitó a los críticos a “leer la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento”, insistiendo en que el proceso se ajusta a la normativa vigente. Sin embargo, varios medios reportaron que la adjudicación ya se realizó la noche del 28 de febrero, delegando la firma del contrato al viceministro de Hidrocarburos.

Según el Ministerio de Energía, el consorcio Sinopetrol invertirá en la modernización de los equipos del campo, que tienen más de 50 años y presentan un 60% de obsolescencia. Además, se comprometió a incrementar la producción a 100,000 barriles diarios y perforar dos pozos en una zona con potencial de crudo liviano.

No obstante, expertos advierten que el esquema de participación favorece desproporcionadamente al consorcio privado. “El Estado está cediendo un recurso estratégico a cambio de una renta que no compensa el valor real del campo”, señaló un analista económico.

La adjudicación del campo Sacha representa un punto de inflexión en la política petrolera del Ecuador. Mientras el Gobierno argumenta que la inversión privada es necesaria para modernizar la infraestructura y aumentar la producción, los críticos temen que esta decisión comprometa los ingresos fiscales y la soberanía sobre los recursos naturales.

¿Está el Ecuador sacrificando su futuro económico por una inversión privada que podría no compensar las pérdidas a largo plazo? La respuesta a esta pregunta definirá el rumbo de la industria petrolera y la economía nacional en los próximos años.