Ecuador avanza en la lucha contra la corrupción con nueva ley de gestión pública

Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública presentada por el presidente Daniel Noboa para modernizar la gestión pública y combatir la corrupción.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado el 27 de mayo de 2025 a la Asamblea Nacional su segundo proyecto de ley calificado como económico urgente. Esta iniciativa, denominada Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, busca introducir reformas en la contratación pública y el servicio civil con el objetivo de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia estatal.

El proyecto propone modificaciones a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Ley Orgánica de Servicio Público. Entre sus disposiciones se incluyen seis artículos, cuatro transitorias y una derogatoria. La propuesta fue entregada por el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, en el Palacio Legislativo.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca implementar mecanismos de innovación en la contratación pública para optimizar el desarrollo sostenible y equitativo, erradicar la corrupción en las compras públicas, mejorar la eficiencia del sector público y fortalecer el tejido social, financiero y económico.

En el contexto de la lucha contra la corrupción, el presidente Noboa destaca que la proliferación de casos emblemáticos de corrupción en los últimos años subraya la profundidad de la crisis. Casos como Metástasis, Purga y Encuentro han expuesto redes de sobornos y tráfico de influencias que involucran a altos funcionarios, jueces y empresarios, afectando directamente la adjudicación de contratos públicos en sectores estratégicos como empresas públicas, CNEL y aduanas.

Además, se señala que la corrupción no solo implica una pérdida directa de recursos, sino que también genera una distorsión del mercado y una disminución de la inversión, desincentivando la competencia justa y la innovación.

El proyecto también aborda la necesidad de optimizar la productividad del sector público, promoviendo una cultura de innovación dentro de la administración pública, incentivando la generación de nuevas ideas y la adopción de mejores prácticas, fomentando la ética y la integridad en el ejercicio de la función pública.

En el ámbito de la contratación pública, la ley propone la implementación de un sistema más transparente y eficiente. Se establece que el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) será la entidad encargada de ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública, con atribuciones que incluyen asegurar el cumplimiento de los objetivos prioritarios del sistema, administrar el Registro Único de Proveedores (RUP), desarrollar y administrar el Portal de Contratación Pública, y capacitar a los servidores de las entidades contratantes.

Además, se establece que el Portal de Contratación Pública será la plataforma informática oficial de contratación pública del Ecuador, de uso obligatorio para las entidades contratantes. Este portal contendrá información relevante de todos los procedimientos de contratación en todas sus fases, permitiendo la supervisión por parte del SERCOP y otras entidades competentes.

En cuanto al servicio público, la ley reforma la Ley Orgánica del Servicio Público, obligando a todas las entidades del sector público a elaborar y aplicar manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos institucionales. Estos manuales deben incluir criterios relacionados con la gestión de competencias laborales y resultados, incluyendo la eficiencia en la contratación pública.

La ley también establece que las entidades deben mantener actualizado el Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones elaborado por el Ministerio del Trabajo. Este sistema deberá incluir mecanismos de alerta para reportar incumplimientos en los indicadores de desempeño y procesos disciplinarios.

La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para analizar y resolver el proyecto, conforme al artículo 140 de la Constitución. Durante este período, el Legislativo puede aprobar, modificar o rechazar la propuesta.

La aprobación de esta ley representaría un paso significativo en la lucha contra la corrupción en Ecuador y en el fortalecimiento de una gestión pública más eficiente y transparente. Concluimos instando a los ciudadanos a mantenerse informados y participar activamente en el proceso legislativo para garantizar que estas reformas cumplan con los objetivos planteados y beneficien a todos los ecuatorianos.