El campo petrolero más productivo del país podría pasar a manos de un consorcio extranjero, generando menos recursos para el Estado y poniendo en riesgo la soberanía energética.
El campo petrolero Sacha, responsable de más de 1,700 millones de dólares anuales para el Estado ecuatoriano, está en el centro de una polémica. Un acuerdo en negociación entregaría el 87.5% de su producción a un consorcio extranjero, dejando al país con solo el 12.5%. ¿Es este el peor negocio en la historia de Petroecuador?
El campo Sacha, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, es el más productivo del país. Con una inversión anual promedio de 150 millones de dólares, aporta más de 1,700 millones de dólares al año al Estado, gracias a la extracción de crudo de alta calidad. Sin embargo, un acuerdo en negociación entre el gobierno y un consorcio integrado por empresas de Canadá, Venezuela, España y China podría cambiar drásticamente este panorama.
Según documentos a los que accedió el portal digital Primicias, el consorcio extranjero se quedaría con el 87.5% de la producción de Sacha, mientras que el Estado recibiría solo el 12.5%. Este porcentaje podría aumentar progresivamente hasta un máximo del 20% si el precio del petróleo sube, pero incluso en el mejor escenario, la participación del Estado sería mínima en comparación con los beneficios actuales.
Además, el consorcio ofrecería un bono de 1,500 millones de dólares y una inversión de 1,750 millones de dólares a 20 años. Sin embargo, estas cifras palidecen frente a los 1,700 millones de dólares que el campo genera anualmente para el Estado. “Este sería quizá uno de los peores negocios que Petroecuador haya hecho en su historia”, afirma David Almeida, representante de los trabajadores petroleros.
Uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo es su impacto en las refinerías nacionales. Actualmente, parte del crudo de Sacha se utiliza en las refinerías ecuatorianas, pero con el nuevo acuerdo, el Estado tendría dos opciones: reemplazar el crudo de alta calidad con uno de menor calidad o comprar su propio crudo a precio internacional. Ambas opciones representan un golpe adicional a la economía nacional.
La oposición interna dentro de Petroecuador a este acuerdo ha sido fuerte. A principios de semana, la ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó la salida de una veintena de funcionarios, incluyendo a la gerente general, Leydi Jiménez. “Ha pasado lo que tenía que pasar. Tiene que haber gente que esté alineada”, declaró Manzano. Sin embargo, muchos ven estas remociones como un intento de silenciar las voces críticas dentro de la empresa estatal.
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