Campo Sacha: ¿Un contrato petrolero que divide al Ecuador?

La adjudicación del campo petrolero más importante del país a un consorcio chino-canadiense genera controversia, críticas y movilizaciones sociales.

El campo Sacha, considerado la “joya de la corona” del petróleo ecuatoriano, está en el centro de un intenso debate. Mientras el gobierno defiende la adjudicación a un consorcio chino-canadiense como una solución para aumentar la producción y generar ingresos, sectores sociales, políticos y expertos denuncian opacidad, posibles irregularidades y un grave perjuicio para los intereses del país.

El campo Sacha, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, es uno de los activos petroleros más importantes del país, con una producción actual de 77,000 barriles diarios. Sin embargo, su adjudicación a un consorcio chino-canadiense ha desatado una ola de críticas y movilizaciones sociales. El gobierno de Daniel Noboa insiste en que este contrato es vital para reactivar la economía, pero sus detractores lo califican de “atraco petrolero” y exigen su suspensión.

El acuerdo, que se prevé firmar en los próximos 30 días, establece que el consorcio invertirá $1,700 millones en 20 años para aumentar la producción del campo. A cambio, recibirá hasta el 87.5% de la producción petrolera, dejando solo el 12.5% para el Estado ecuatoriano. Además, el consorcio deberá pagar una prima de $1,500 millones al momento de la firma, un monto que el gobierno asegura se destinará a obras sociales.

Según Inés Manzano, ministra de Energía, este contrato traerá beneficios significativos: “El Estado ahorrará $3,500 millones en costos operativos, aumentará la producción en un 40% sin invertir un solo dólar y generará más de 1,000 empleos directos“. Sin embargo, estos argumentos no han logrado calmar las críticas.

Para Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, este contrato es “un saqueo más” del gobierno de Noboa. “Sacha es la joya de la corona del petróleo ecuatoriano, y entregarlo a un consorcio privado es una burla al pueblo”, afirmó. Iza también cuestionó la transparencia del proceso, señalando que la empresa adjudicada, Sinopec, tiene vínculos con contratos anteriores otorgados a familiares del presidente.

Por su parte, Sofía Espin, asambleísta de la Revolución Ciudadana, denunció que el contrato viola la Ley de Hidrocarburos y la Constitución. “No se puede concesionar un campo en producción sin licitación pública. Esto es un atraco petrolero que beneficiará a unos pocos y perjudicará a todos los ecuatorianos”, aseguró.

Marcela Reinoso, exgerente de Petroecuador, señaló que el contrato es desventajoso para el país. “Sacha genera $2,000 millones anuales en ingresos brutos. Con este acuerdo, el Estado recibiría solo $200 millones al año, una fracción de lo que actualmente obtiene”, explicó.

Reynaldo Armijos, también exgerente de Petroecuador, cuestionó la falta de transparencia en el proceso. “No hubo licitación pública, y los informes técnicos y financieros que sustentan el acuerdo fueron elaborados después de que se emitiera el acuerdo ministerial. Esto es irregular y pone en riesgo los intereses del país”, afirmó.

Ante la polémica, organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos han anunciado movilizaciones y acciones legales para detener el contrato. Andrés Quisphe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentó una acción de protección ante los tribunales, argumentando que el acuerdo viola la Constitución y las leyes ecuatorianas.

“El gobierno está cometiendo un fraude al pueblo. No podemos permitir que se entregue nuestro patrimonio a empresas privadas sin un proceso transparente y competitivo”, declaró Quisphe.

José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, hizo un llamado a la movilización social para defender el patrimonio nacional. “Es necesario ejercer el derecho a la resistencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se entrega nuestro petróleo a intereses privados”, afirmó. Villavicencio también criticó la falta de transparencia y la posible connivencia entre el gobierno y el consorcio adjudicado.

“Este contrato no solo es lesivo para el país, sino que también refleja la indolencia y la corrupción de un gobierno que prioriza los intereses de unos pocos sobre los de la mayoría”, agregó.

El presidente Noboa ha dado un plazo de 5 días para que el consorcio desembolse los $1,500 millones de la prima. De no cumplirse, el contrato no se firmará. Sin embargo, este ultimátum ha sido visto como una estrategia para presionar a las partes y acelerar el proceso.

“El gobierno sabe que el dinero no llegará a tiempo. Esto es un intento de justificar un contrato que no beneficia al país”, afirmó David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo.

La adjudicación del campo Sacha no solo tiene implicaciones económicas, sino también políticas y sociales. Por un lado, el gobierno argumenta que este contrato es necesario para aumentar la producción y generar ingresos en un contexto de crisis económica. Por otro, sus detractores denuncian que el acuerdo beneficiará a intereses privados en detrimento del patrimonio nacional.

El debate sobre el campo Sacha refleja las tensiones entre la necesidad de inversión extranjera y la defensa de los recursos estratégicos del país. Mientras el gobierno insiste en que este contrato es la mejor opción para el Ecuador, la pregunta clave sigue en el aire: ¿Está el país sacrificando su futuro por beneficios a corto plazo?