La minería ilegal en Ecuador está avanzando no por falta de recursos, sino por la paralización de proyectos legales. Así lo advierte Jimmy Jairala, director de Un Café con JJ, al recordar el caso de Río Blanco, un proyecto minero suspendido en 2018 tras presión de activistas.
Allí, donde ya existía inversión formal y legal, la obra fue abandonada. Durante la pandemia, el espacio fue tomado por minería ilegal: maquinaria robada, operaciones clandestinas y control de facto por grupos vinculados al crimen organizado. Hoy, ese terreno, que debió generar riqueza legal, está fuera del control estatal.
Jairala llama a analizar con rigor el caso de Loma Larga. Si la empresa a cargo demuestra que no afectará los recursos hídricos del Azuay —y las autoridades lo verifican—, el proyecto debe avanzar. De lo contrario, advierte, correrá la misma suerte: ser invadido por minería ilegal.
La minería legal paga impuestos, genera empleo y aporta al desarrollo. Lo mismo ocurre con la explotación petrolera. El reto no es frenar la explotación, sino garantizar que no dañe el ambiente ni las fuentes hídricas.
Con ocho de cada diez dólares del presupuesto nacional destinados al pago de deuda, Ecuador no puede seguir dejando bajo tierra su potencial económico.
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El mensaje es claro: sin acción oportuna, más proyectos legales se convertirán en escenarios de ilegalidad.
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