
En Ecuador, la justicia disfrazada de ley acaba de cobrar una víctima política: Gonzalo Albán Molestina. La Asamblea Nacional lo destituyó mediante juicio político por una causal cuestionada: haber sido adherente de un partido antes de ser funcionario —aunque el Tribunal Contencioso Electoral ya validó su candidatura al CPPS, reconociendo que su afiliación fue involuntaria, como a miles de ciudadanos.
Sin embargo, 81 asambleístas votaron por su censura, usando un voto salvado como fundamento jurídico. Expertos califican el proceso como apresurado, sin sustento y políticamente motivado.
Fabricio Vela, director de Primera Plana y con 30 años cubriendo el legislativo, lo llama “el juicio político más ridículo de la democracia ecuatoriana”.
¿Qué dice esto del estado de nuestras instituciones? Si la justicia se manipula para eliminar disidencias, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Este no es solo un caso de destitución: es un síntoma de un sistema que prioriza la conveniencia sobre la legalidad. Exigir transparencia no es opción. Es obligación.






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