Cinco personas detenidas en Cañar tras las recientes protestas no participaron en actos violentos, aseguró Yaku Pérez, su representante legal. En una entrevista exclusiva, Pérez detalló que los detenidos —entre ellos un músico, un vendedor de helados y un funcionario municipal— fueron confundidos por la Policía durante el uso de gases lacrimógenos.
Uno de ellos, Franklin Pichisaca, gestor cultural conocido en la zona, ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos al momento de los supuestos daños, que ocurrieron cerca de las 10:00, mientras su detención fue a las 11:30.
Pérez denunció una “vulneración de derechos”: los detenidos, originarios de Cañar, están siendo procesados fuera de su jurisdicción natural, lo que contraviene el principio constitucional del juez competente. Además, reportó que no han recibido alimentos ni atención médica oportuna.
Ante las acusaciones de “tentativa de magnicidio” contra manifestantes, Pérez exigió pruebas concretas: “Sin evidencia, son acusaciones infundadas”.
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En un Estado de derecho, la presunción de inocencia debe prevalecer. ¿Hasta qué punto se está respetando ese principio en Cañar?
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