Tras 23 días de movilización en Imbabura, los cinco pueblos indígenas lograron sentarse a dialogar con el Gobierno Nacional, anunció Manuel Catucuago, presidente de la CHIJALLTA FICI. En una declaración desde la provincia, Catucuago aclaró que su rol es el de voceros de comunidades que se alzaron ante el decreto 126, que elimina el subsidio al diésel y amenaza su economía familiar, su agricultura y su subsistencia diaria.
Los dirigentes rechazaron ser calificados como “terroristas” o estar financiados desde el exterior, destacando que su resistencia —amparada en la Constitución— se sostuvo con recursos propios, incluso en condiciones de escasez.
Como resultado del diálogo, el Gobierno se comprometió a trasladar inmediatamente a Ibarra a los detenidos y agilizar su liberación. Además, se exigió esclarecer las muertes de dos manifestantes y archivar procesos sin fundamento contra líderes.
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Catucuago también planteó dos opciones: derogar el decreto o, al menos, congelar el precio del diésel. Aunque aún no hay respuesta oficial, los pueblos exigen la creación urgente de mesas técnicas territoriales para abordar carencias estructurales: agua, salud, educación y caminos intransitables. La resistencia, dicen, no termina hasta que las demandas se conviertan en hechos.
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