El Ministro de Transporte y Obras Públicas explica cómo se están abordando los daños en carreteras y puentes, y anuncia inversiones millonarias para paliar los efectos de las lluvias.
En medio de una de las temporadas invernales más intensas de los últimos años, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, reveló las estrategias del Gobierno para enfrentar la emergencia vial. Con un presupuesto inicial de 10 a 15 millones de dólares y la posibilidad de acceder a fondos reembolsables de organismos multilaterales, Ecuador busca mitigar el impacto de las lluvias en su infraestructura.

Las lluvias no dan tregua en Ecuador. Desde deslizamientos de tierra en Azuay y Loja hasta inundaciones en la costa, el país enfrenta una crisis vial que ha dejado carreteras destruidas, puentes colapsados y comunidades incomunicadas. En una entrevista en Contacto Directo de Ecuavisa, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, detalló las acciones que está tomando el Gobierno para hacer frente a esta emergencia.
Según Luque, el riesgo que enfrenta el país es el resultado de dos factores: la vulnerabilidad de la infraestructura y la amenaza climática. «Hoy tenemos una amenaza latente: precipitaciones altas en zonas muy vulnerables», explicó el ministro. La falta de mantenimiento durante años ha exacerbado el problema, dejando a Ecuador expuesto a inundaciones, colapsos de alcantarillas y puentes, y daños generalizados en la red vial.
Para mitigar estos efectos, el Gobierno ha implementado una serie de medidas urgentes. Entre ellas, la instalación de puentes Bailey en puntos estratégicos, la contratación de maquinaria adicional y el aumento del presupuesto para la conservación vial. «Hemos rescatado un proceso de puentes Bailey que estaba paralizado y lo hemos puesto en marcha», afirmó Luque. Además, se han destinado recursos para la limpieza de cunetas y alcantarillas, así como para la contratación de personal especializado.

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue la revelación de que el Gobierno está trabajando con organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para acceder a fondos reembolsables por un monto aproximado de 50 millones de dólares. Estos recursos se sumarían a los 10 a 15 millones de dólares que ya se han destinado para atender la emergencia.
«No hay un problema de presupuesto», aseguró Luque. «Estamos usando fondos de libre disponibilidad y, si es necesario, accederemos a más recursos». Sin embargo, el ministro aclaró que no existe un fondo específico para la emergencia invernal, sino que los recursos se irán asignando según las necesidades que surjan.
La crisis no solo afecta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Según Luque, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Agricultura también están involucrados en la respuesta, proporcionando kits alimenticios, colchones y otro tipo de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas. «Estamos trabajando de manera integrada para buscar soluciones definitivas», afirmó.
En cuanto a la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Luque reconoció que muchos de ellos han sobrepasado sus presupuestos debido a la emergencia. «No podemos dejar que los GAD colapsen», dijo. «Estamos contratando maquinaria adicional para ayudarles, pero también necesitamos que el Estado central asuma un rol más activo».
A pesar de los esfuerzos, el ministro admitió que hay desafíos significativos. Por ejemplo, en zonas como Pedro Carbo (Guayas), las comunidades han tenido que cruzar áreas inundadas a pie debido a la falta de puentes. «Eso es inadmisible», reconoció Luque, quien anunció la entrega de un puente Bailey de 40 metros en esa localidad.
Además, el ministro respondió a las críticas de algunos prefectos y alcaldes, quienes han pedido que se agilicen las obras pendientes. «No podemos saltarnos los procesos de licitación, pero estamos avanzando lo más rápido posible», explicó. Entre los proyectos mencionados se encuentran la Cuenca Molleturo-El Empalme, el Paso Elevado de Monay y la autopista Guayaquil-Cuenca, cuyos estudios ya están en marcha.
La emergencia invernal ha puesto en evidencia las debilidades de la infraestructura vial de Ecuador, pero también ha demostrado la capacidad del Gobierno para responder con agilidad. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si estas medidas serán suficientes para prevenir futuras crisis. En un país donde el cambio climático es una realidad cada vez más palpable, la inversión en infraestructura resiliente no puede esperar. ¿Crees que las acciones del Gobierno son suficientes para enfrentar la emergencia invernal, o se necesitan medidas más drásticas para proteger la infraestructura vial del país?






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