El gobierno desplegó 5.000 militares adicionales en Imbabura, sumando un total de 7.000 efectivos para restablecer el orden tras violentos enfrentamientos en Otavalo y Cotacachi. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que ya hay 43 detenidos y al menos cinco uniformados heridos —uno con una herida de cuchillo—, aunque negó rotundamente la existencia de fallecidos, desmintiendo rumores en redes sociales.
Reimberg señaló que las movilizaciones ya no responden a un paro provincial, sino a acciones cantonales focalizadas, con reportes de ciudadanos obligados a participar bajo amenazas, como el corte del agua en sus comunidades.
Además, reveló la detención de extranjeros —colombianos y venezolanos— y vinculó la violencia con redes de minería ilegal en Buenos Aires, que, según el ministro, financian actos de sabotaje. El gobierno insiste en que no negociará bajo presión, aunque mantiene abierta la puerta al diálogo.
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El objetivo inmediato es “abrir todas las vías” y garantizar la libre movilidad. Las Fuerzas Armadas permanecerán en la zona “el tiempo que sea necesario”. La ciudadanía merece seguridad, no caos. ¿Hasta cuándo durará esta crisis?
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