Derrame de crudo en Esmeraldas: Una catástrofe ambiental que expone la desidia del Estado

El derrame de petróleo en Quinindé afecta a miles de familias, contamina ríos y playas, y evidencia la falta de preparación y respuesta del gobierno. ¿Quién asume la responsabilidad?

Un nuevo derrame de petróleo en Esmeraldas ha dejado a miles de familias sin agua, ha contaminado ríos y playas, y ha puesto en evidencia la falta de planes de contingencia y respuesta rápida por parte del Estado. Mientras las autoridades locales claman por ayuda, el gobierno central parece más preocupado por la burocracia que por solucionar la emergencia.

El jueves 13 de marzo, un deslizamiento de tierra en el sector El Vergel, cantón Quinindé, provocó la rotura del oleoducto Transecuatoriano, liberando miles de barriles de crudo que contaminaron ríos, afectaron a más de 4,500 familias y llegaron hasta las playas de Esmeraldas. Este no es un incidente aislado: en los últimos ocho años, Quinindé ha sufrido tres derrames significativos, sin que se implementen planes de remediación o compensación para las comunidades afectadas.

Según el alcalde de Quinindé, Ronal Moreno, el derrame ha contaminado 32 kilómetros de ríos, afectando a más de 15,000 personas. Las brigadas médicas han atendido a 600 ciudadanos, con problemas respiratorios (75%), infecciones en la piel (20%) y problemas gastrointestinales (5%). Además, la contaminación ha dejado sin agua potable a 2,000 familias y ha afectado la agricultura y la pesca, actividades vitales para la economía local.

A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta del gobierno ha sido lenta e insuficiente. José Maffares, concejal de Esmeraldas, denunció que las instituciones responsables, como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente, no han presentado un diagnóstico completo ni han brindado apoyo efectivo. “Esmeraldas siempre recibe migajas cuando se trata de atender sus necesidades básicas”, afirmó Maffares.

Paola Cabezas, asambleísta por Revolución Ciudadana, señaló que la falta de preparación es sistemática. “En 2021, se eliminó la competencia de la Superintendencia del Terminal Petrolero de Ballao Suimba para manejar planes de contingencia, dejando a la Capitanía del Puerto sin un plan efectivo para enfrentar este tipo de desastres”, explicó.

El derrame no solo ha afectado a las comunidades locales, sino también al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de Esmeraldas. Playas como Las Palmas y Camarones han sido cerradas debido a la contaminación, lo que afectará gravemente la economía local, especialmente con la proximidad de la Semana Santa, una de las temporadas turísticas más importantes.

Sofía Espín, también asambleísta por Revolución Ciudadana, criticó la inacción del gobierno. “El presidente Noboa despidió a más de 20 funcionarios de Petroecuador, incluyendo a la gerente, quien denunció la falta de estabilidad en la empresa. Esto evidencia una gestión desorganizada y negligente”, afirmó Espín.

El derrame de crudo en Esmeraldas no es solo una emergencia ambiental; es un reflejo de la desidia del Estado frente a las comunidades más vulnerables. Mientras las autoridades locales luchan por atender a las familias afectadas, el gobierno central parece más interesado en la burocracia que en solucionar la crisis. ¿Hasta cuándo seguirá Esmeraldas pagando el precio de la negligencia y la falta de preparación del Estado?