El Decreto Ejecutivo 562 desata una guerra de declaraciones entre el Ministerio del Ambiente y la Alcaldía de Guayaquil por la administración del Parque Samanes. ¿Quién tiene la razón?
El Parque Samanes, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Guayaquil, se ha convertido en el epicentro de una disputa política entre el Gobierno Nacional y el Municipio. Mientras el Ministerio del Ambiente asegura que la administración municipal ha sido deficiente, el alcalde Aquiles Álvarez defiende su gestión y acusa al presidente Daniel Noboa de perseguir intereses políticos. ¿Qué hay detrás de esta controversia?
El Parque Samanes, con sus 851 hectáreas de bosque seco tropical y áreas recreativas, es más que un pulmón verde para Guayaquil: es un símbolo de identidad y orgullo para sus habitantes. Sin embargo, en los últimos días, este espacio se ha convertido en el escenario de una batalla legal y política que enfrenta al Gobierno Nacional y al Municipio de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 562, ordenó la revocatoria de la delegación de administración del Parque Samanes al Municipio de Guayaquil, transfiriendo su gestión al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Según el comunicado oficial, esta decisión se basa en “importantes deficiencias” encontradas en la administración municipal, como la falta de herramientas de gestión, monitoreo de visitantes, capacitación ambiental y mantenimiento de infraestructura.
Sin embargo, el alcalde Aquiles Álvarez ha rechazado categóricamente el decreto, calificándolo de “mamotreto sin sustento legal” y acusando al Gobierno de perseguir intereses políticos. “Este decreto es prueba de la desesperación de un presidente que no sabe lo que firma”, afirmó Álvarez en un mensaje en sus redes sociales.
El Municipio de Guayaquil ha destacado los logros alcanzados en la gestión del Parque Samanes, argumentando que ha logrado una recuperación del 85% de su cobertura verde y ha organizado más de 100 eventos culturales, deportivos y recreativos, atrayendo a más de 3 millones de visitantes. Además, ha enfatizado que el parque es propiedad privada del Municipio, respaldado por documentos catastrales que acreditan su titularidad desde 2019.
“El Parque Samanes es de los guayaquileños, y así seguirá siendo”, declaró Álvarez, advirtiendo que cualquier intento de intervención con fuerza pública sería considerado una violación a la propiedad privada. “Si el Gobierno prefiere mandar policías y militares al parque en lugar de a zonas violentas como Durán o Nueva Prosperina, que lo hagan, pero solo como visitantes”, agregó.
La concejal Soledad Diab también se sumó a la defensa del Parque Samanes, recordando su importancia como símbolo de identidad y sostenibilidad para la ciudad. “El Parque Samanes es 2.5 veces más grande que el Central Park de Nueva York, y gracias a la gestión municipal, ha vuelto a ser un punto de encuentro para los guayaquileños”, afirmó Diab durante una intervención en el Concejo Municipal.
Diab criticó duramente a los gobiernos anteriores por el abandono del parque y destacó las mejoras implementadas por la actual administración, como la plantación de más de 2,500 árboles y la recuperación de áreas recreativas. “No permitiremos que intereses políticos destruyan lo que hemos logrado con tanto esfuerzo”, concluyó.
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La controversia por el Parque Samanes va más allá de una simple disputa administrativa: es un reflejo de las tensiones políticas entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil. Mientras el MAATE insiste en la necesidad de una gestión más técnica y ambiental, el Municipio defiende su legítima propiedad y los logros alcanzados en la revitalización del parque.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Quién gana con esta disputa? ¿El Gobierno Nacional, que busca consolidar su control sobre un espacio emblemático, o el Municipio de Guayaquil, que defiende la autonomía y el patrimonio de sus ciudadanos? Lo cierto es que, en medio de esta batalla, los verdaderos perdedores podrían ser los guayaquileños, quienes ven cómo un espacio que debería unirlos se convierte en un campo de batalla política.
El Parque Samanes, más que un área recreativa, es un símbolo de la identidad y autonomía de Guayaquil. La disputa por su administración no solo expone las tensiones entre el Gobierno Nacional y el Municipio, sino que también plantea una pregunta incómoda: ¿Está el interés político por encima del bienestar de los ciudadanos?
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