Periodistas y activistas denuncian que la nueva normativa busca silenciar voces críticas y controlar la información en línea.
El parlamento de Pakistán aprobó una controvertida ley que otorga al gobierno poderes sin precedentes para regular las redes sociales, incluyendo penas de prisión y multas por “desinformación”. Periodistas y defensores de derechos humanos advierten que esta medida es un intento por sofocar la libertad de expresión y amordazar a la prensa independiente.

El jueves pasado, la cámara baja del parlamento paquistaní aprobó enmiendas a la Ley de Delitos Electrónicos, una normativa que ha sido calificada como “represiva” por organizaciones de periodistas y activistas digitales. La nueva ley establece la creación de una Autoridad de Protección y Regulación de Redes Sociales, que tendrá facultades para investigar, multar y encarcelar a quienes difundan lo que el gobierno considere “noticias falsas o engañosas”.
Entre las medidas más polémicas se encuentran:
- Penas de hasta tres años de prisión para quienes compartan información considerada “desinformación”.
- Multas de hasta 2 millones de rupias (aproximadamente $7,200) por infracciones relacionadas con contenido en redes sociales.
- Obligación de registro para plataformas digitales, con la amenaza de bloqueo permanente si no cumplen con las órdenes de eliminar contenido.
El ministro de Justicia, Azam Nazeer Tarar, defendió la ley argumentando que es necesaria para combatir la desinformación y el discurso de odio en línea. Sin embargo, críticos como Afzal Butt, presidente de la Unión Federal de Periodistas de Pakistán (PFUJ), aseguran que la normativa no fue consultada con los gremios periodísticos y que su verdadero objetivo es intimidar a los medios independientes.

“Rechazamos esta decisión unilateral del gobierno. Una agencia de seguridad no puede decidir qué es noticia falsa o verdadera”, declaró Butt a la agencia Reuters. La PFUJ ha convocado protestas a nivel nacional la próxima semana y amenaza con un plantón frente al parlamento si la ley no es derogada.
Pakistán ocupa el puesto 152 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), siendo considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La nueva ley se suma a un historial de censura y represión contra voces críticas, especialmente en un contexto político polarizado tras el encarcelamiento del ex primer ministro Imran Khan, cuya figura ha sido prácticamente vetada en los medios tradicionales.
Activistas como Farhatullah Babar han denunciado que la normativa otorga “poderes excesivos” al ejecutivo para controlar no solo el contenido, sino también a los mensajeros, es decir, las plataformas de redes sociales. Además, preocupa que la ley sea utilizada para silenciar a opositores políticos y periodistas independientes bajo el pretexto de combatir la desinformación.
La aprobación de esta ley plantea una pregunta incómoda: ¿Es realmente la desinformación el objetivo, o se trata de una herramienta más para consolidar el control sobre la información y las voces disidentes? En un país donde la libertad de prensa ya está bajo asedio, esta normativa podría marcar un punto de inflexión en la lucha por los derechos digitales y la democracia. ¿Hasta dónde llegará el gobierno paquistaní en su intento por controlar el flujo de información?






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