Asamblea Nacional aprueba ley que obliga a contratar jóvenes: ¿una solución estructural o una carga para el mercado laboral?

Con 88 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma que modifica el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y la normativa que rige a las empresas para garantizar la inclusión laboral de jóvenes de entre 18 y 29 años en el sector público y privado. La propuesta establece que al menos el 10% de la nómina de las empresas y entidades públicas debe estar compuesta por personas en este rango de edad, eliminando además el periodo de prueba en sus contratos.

Esta reforma busca responder a un problema persistente: la falta de oportunidades laborales para jóvenes en un país donde el empleo informal afecta a más del 50% de la población económicamente activa. Según datos del INEC, 3,3 millones de ecuatorianos están en este grupo de edad, representando el 35,6% de la población. Además, se han incluido medidas específicas para mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar, quienes ahora podrán acceder a contratos a tiempo parcial con salario proporcional.

Aunque la ley es vista como un avance para la inclusión laboral, su implementación genera interrogantes. Se prohíbe que el cumplimiento de la normativa implique un aumento de la masa salarial en las instituciones públicas, lo que podría limitar su efectividad en un contexto de restricciones presupuestarias. Por otro lado, los empleadores del sector privado podrían enfrentar desafíos para garantizar la capacitación de los jóvenes contratados, un requisito establecido por la ley.

La reforma también introduce beneficios para estudiantes hasta los 29 años, quienes podrán trabajar a tiempo parcial con condiciones que aseguren la compatibilidad entre sus estudios y responsabilidades laborales. Sin embargo, críticos del sector empresarial han señalado que la obligatoriedad y eliminación del periodo de prueba podrían desalentar las contrataciones.

Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, destacó que esta ley “dignifica a la juventud con trabajo y oportunidades”, mientras que el legislador Johnny Terán subrayó que su alcance beneficia tanto a jóvenes como a mujeres en situación de vulnerabilidad. Ahora, la propuesta pasa al Ejecutivo, que deberá sancionarla o vetarla. ¿Es esta ley el primer paso hacia un mercado laboral más inclusivo o una medida que aumentará la rigidez del sistema laboral ecuatoriano?

Fuente: prensa.ec