Prohibición de celulares en elecciones: ¿Protección del voto o amenaza a la transparencia?

Ludwing Álvarez Rengifo, CEO de Provisant, analiza la medida del CNE que prohíbe el uso de celulares durante las elecciones y cuestiona su constitucionalidad y efectividad.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha prohibido el uso de celulares durante las elecciones, argumentando la protección del voto secreto. Sin embargo, expertos como Ludwing Álvarez Rengifo cuestionan la constitucionalidad de esta medida y advierten sobre sus posibles consecuencias negativas. ¿Es esta una decisión técnica o una maniobra política?

En medio de la campaña electoral, el CNE anunció una medida que ha generado controversia: la prohibición del uso de celulares y dispositivos electrónicos durante el proceso de votación. Según el organismo, esta decisión busca garantizar el secreto del voto y prevenir posibles fraudes. Sin embargo, Ludwing Álvarez Rengifo, CEO de Provisant y experto en derecho, cuestiona la legalidad y transparencia de esta medida.

Álvarez Rengifo explica que, según el artículo 226 de la Constitución, los servidores públicos solo tienen las facultades establecidas en la Carta Magna y en la ley. “El CNE no puede actuar fuera de estos límites”, afirma. Además, el artículo 76 numeral 7 literal M de la Constitución exige que las resoluciones del CNE estén debidamente motivadas, es decir, que se fundamenten en normas y principios jurídicos claros.

“La Corte Constitucional ha sido clara: un acto administrativo del CNE debe ser coherente, comprensible y pertinente. En este caso, la prohibición de celulares carece de una justificación sólida y oportuna”, señala Álvarez Rengifo.

Uno de los puntos más criticados por Álvarez Rengifo es el momento en que se implementa esta medida. “A menos de un mes de las elecciones, el CNE cambia las reglas del juego. Esto es inconstitucional porque viola el principio de seguridad jurídica, que exige que las normas sean previas, claras y públicas”, explica.

El experto también cuestiona la falta de transparencia en la decisión. “Si el CNE tiene informes que justifican esta medida, ¿por qué no los hace públicos? La opacidad genera desconfianza y alimenta la percepción de que algo se está ocultando”, agrega.

La prohibición de celulares no solo afecta a los votantes, sino también a los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV). Según la resolución, solo un integrante de la JRV podrá usar un dispositivo electrónico para realizar las sumatorias, lo que aumenta el riesgo de errores. “Si esa persona se equivoca, ¿quién lo corrige? Esta medida limita la supervisión y transparencia del proceso”, advierte Álvarez Rengifo.

Además, la medida establece multas exorbitantes para quienes infrinjan la norma, que van desde $9,870 hasta $32,000. “Esto no solo es desproporcionado, sino que también puede generar un clima de intimidación y desconfianza entre los votantes”, señala.

La prohibición de celulares en las elecciones plantea serias dudas sobre su constitucionalidad y efectividad. Mientras el CNE argumenta que busca proteger el voto secreto, expertos como Álvarez Rengifo advierten que esta medida puede tener el efecto contrario, generando desconfianza y conflictos durante el proceso electoral. ¿Está el CNE protegiendo la democracia o socavándola con decisiones apresuradas y poco transparentes?