La Corte Constitucional en la mira: ¿Arbitraje institucional o juego político?

José Chalco Salgado, abogado constitucionalista, analiza el rol de la Corte Constitucional y su impacto en la estabilidad institucional del Ecuador.

En un contexto de tensiones políticas y decisiones judiciales controvertidas, la Corte Constitucional de Ecuador enfrenta críticas por su demora en resolver casos clave. ¿Está cumpliendo su rol de árbitro institucional o se ha convertido en un actor más del vaivén político?

La Corte Constitucional de Ecuador, órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la Constitución, ha sido objeto de intenso escrutinio en los últimos meses. José Chalco Salgado, reconocido abogado constitucionalista, analiza su desempeño y las implicaciones de sus decisiones en la estabilidad institucional del país en el medio nacional Teleamazonas.

Uno de los casos más polémicos es el de la “Liga Azul”, donde el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por infracciones electorales. Chalco Salgado señala que la Corte Constitucional se ha demorado en actuar, perdiendo oportunidades para fortalecer la institucionalidad.

“La Corte debe ser un árbitro, no un jugador del partido. Su demora en resolver casos como este genera incertidumbre y debilita la confianza en las instituciones”, afirma el experto.

Otro tema crítico es la designación del superintendente de Bancos. La Corte Constitucional emitió una sentencia que no fue cumplida inmediatamente por la Asamblea Nacional, lo que, según Chalco Salgado, abre un “libreto de incumplimiento”.

“La presidenta de la Asamblea debió posesionar al designado por el CPCCS de inmediato. Enviar un oficio preguntando a quién posesionar es una clara señal de desacato a la Corte”, explica.

El CPCCS, creado en la Constitución de 2008, ha sido un foco de controversia. Con 18 vocales destituidos o renunciados en los últimos años, Chalco Salgado sugiere que es hora de replantear su existencia.

“Este engendro constitucional ha demostrado ser disfuncional. El país debe considerar seriamente su eliminación y buscar alternativas que fortalezcan la participación ciudadana sin caer en la politización”, afirma.

La Corte Constitucional también está analizando la constitucionalidad del decreto 500, que declaró fuerza mayor para justificar la ausencia del presidente y la vicepresidenta durante la campaña electoral. Chalco Salgado critica el uso de este mecanismo, argumentando que la campaña es un evento previsible y no una circunstancia imprevisible.

“La fuerza mayor requiere que un evento sea imprevisible e irresistible. La campaña electoral estaba calendarizada, por lo que no cumple con estos requisitos”, explica.

Otro tema delicado es el presunto abandono de funciones de la vicepresidenta, quien no ha asistido a sus responsabilidades en Turquía. Chalco Salgado señala que, aunque está configurado el abandono, se requiere una verificación formal por parte de la Corte Constitucional y una votación en la Asamblea Nacional.

“El gobierno debería presentar una denuncia a la Asamblea para que se vote este tema. Es el camino correcto para respetar el orden constitucional”, afirma.

La Corte Constitucional enfrenta un momento crucial en su historia. ¿Podrá recuperar su rol de árbitro institucional y garantizar la estabilidad del país, o continuará siendo percibida como un actor político más?