La Asamblea Nacional prioriza la búsqueda de los menores desaparecidos y denuncia irregularidades en operativos militares.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, condenó la presunta desaparición forzada de cuatro niños en Las Malvinas, Guayaquil, y exigió al Ministro de Defensa y a las Fuerzas Armadas dar respuestas claras. El caso ha movilizado al Parlamento y a organismos internacionales de derechos humanos.

En un hecho que conmociona al país, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, declaró como prioridad legislativa la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, ocurrida durante un operativo militar el pasado 8 de diciembre en el sector Las Malvinas, Guayaquil. En un enérgico pronunciamiento, Veloz insistió en que el Ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comparezcan ante el Pleno para esclarecer los hechos.
“Las familias no quieren héroes, quieren a sus hijos vivos, sanos y salvos. Este caso no puede convertirse en un nuevo caso Restrepo”, sentenció Veloz, en referencia al emblemático caso de desaparición forzada en los años 80. La presidenta aseguró que, como madre, comparte el dolor y la angustia de las familias afectadas.
En una sesión legislativa que contó con testimonios desgarradores de los padres de los menores y activistas de derechos humanos, se revelaron posibles irregularidades en la intervención militar. Según Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, existen evidencias de participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la retención de los niños, mientras que los familiares han enfrentado intimidaciones para guardar silencio.

El Pleno de la Asamblea resolvió remitir una “Petición de Acción Urgente” a organismos internacionales, en el marco de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Asimismo, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes inició un proceso de fiscalización para esclarecer los hechos.
La crisis se agrava ante la ausencia de las autoridades del sector militar en las comparecencias parlamentarias. “No se excusen con cartas, den la cara al país y a los padres que claman por sus hijos”, exigió Veloz, calificando como vergonzosa la falta de respuestas claras.
Para los familiares, han sido 17 días de incertidumbre y desesperación. “Queremos que regresen vivos, así como se los llevaron”, declaró Luis Arroyo, padre de dos de los niños desaparecidos, quien pidió justicia y celeridad en las investigaciones.
Este caso pone en tela de juicio las prácticas de seguridad del Estado y las políticas de militarización. Según Fernando Bastías, abogado de las familias afectadas, la desaparición de los menores refleja una tendencia preocupante de represión estatal, que ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional.
El llamado de Viviana Veloz es claro: “Las autoridades tienen la obligación moral y legal de devolver a los niños a sus familias. En la guerra hay límites, y no todo se vale”. La pregunta que queda en el aire es si el Estado podrá responder con justicia y transparencia a esta tragedia que enluta a Ecuador.
Fuente: prensa.ec






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