La Contraloría investiga millonarios contratos de emergencia con Progen mientras persisten dudas sobre transparencia, cumplimiento y rendición de cuentas.
El manejo de contratos de emergencia por $149 millones para enfrentar la crisis eléctrica en Ecuador ha desatado polémicas y serias investigaciones. La Contraloría evalúa la legalidad y viabilidad de los acuerdos con Progen, una empresa cuya capacidad de entrega y cumplimiento técnico está en entredicho.
En medio de una grave crisis energética que ha afectado a millones de ecuatorianos, el gobierno adjudicó dos contratos de emergencia por $149.1 millones a Progen para la provisión de energía térmica en Salitral y Quevedo. De esta suma, ya se desembolsaron $69 millones en anticipos, lo que ha generado preocupación por la falta de claridad sobre los términos y condiciones del acuerdo.
Según declaraciones del abogado y experto en contratación pública Luis Alberto Andrade, existen varios cuestionamientos al proceso. Entre los principales, destaca la ausencia de estudios técnicos y de mercado sólidos, así como la falta de inspecciones que garanticen la calidad y origen de los equipos contratados. “No se sabe si los generadores son nuevos o usados, ni dónde fueron fabricados”, señaló Andrade, quien también criticó la ausencia de controles adecuados por parte de los administradores de contrato.
Por su parte, la ministra de Energía, quien asumió el cargo después de la firma de los contratos, admitió en entrevistas que no se tiene certeza sobre la ubicación ni el estado de los equipos. Esto alimenta las sospechas de negligencia por parte de las autoridades y cuestiona la capacidad de Progen para cumplir con un proyecto de esta magnitud, considerando que su experiencia previa se limita a proyectos de menor escala.
Aunque los procesos de contratación en situaciones de emergencia permiten un alto grado de flexibilidad, Andrade subrayó que esta discrecionalidad no exime a las entidades contratantes de realizar las verificaciones necesarias. La normativa exige estudios técnicos y económicos previos, así como garantías que respalden el uso de recursos públicos. Sin embargo, en este caso, todo apunta a un manejo deficiente, que pone en riesgo no solo la inversión, sino también la promesa de terminar con los apagones antes del 20 de diciembre.
La Contraloría General del Estado, que actualmente examina los contratos, podría identificar indicios de responsabilidad penal si se comprueban irregularidades graves. De confirmarse estas sospechas, la Fiscalía General del Estado podría iniciar acciones legales en contra de los responsables.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen enfrentando cortes de energía, y la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos ha profundizado la desconfianza en las instituciones. Andrade destacó que, si Progen no cumple con los plazos establecidos, las entidades contratantes deben aplicar sanciones, ejecutar las garantías económicas y considerar la terminación unilateral del contrato. Sin embargo, esto implicaría un retraso adicional en la provisión de energía.
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La crisis eléctrica en Ecuador no solo evidencia falencias estructurales en el sector energético, sino también serias debilidades en la gestión pública. ¿Qué medidas debe tomar el Estado para evitar que contratos de emergencia se conviertan en sinónimo de opacidad y desperdicio de recursos?
Fuente: TELEAMAZONAS | prensa.ec
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