El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador inició el análisis del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil, una normativa que pretende reemplazar el actual Código Aeronáutico y la Ley de Aviación Civil vigente.
Durante la sesión, el asambleísta Alfredo Serrano expuso observaciones críticas sobre el control de precios en los boletos aéreos, la protección de los residentes de Galápagos y la transparencia en la investigación de accidentes, marcando lo que calificó como el inicio de una “nueva era legislativa” en el campo aeronáutico.
Cuestionamientos a la estructura de nombramientos y fuero
Serrano inició su intervención observando el artículo 9 del proyecto, el cual establece que el Subsecretario de Transporte Aéreo enviará una terna al Presidente de la República para designar al Director de la Aviación Civil. Según el legislador, este mecanismo “degrada la autoridad del primer mandatario”, argumentando que el Presidente debería nombrar directamente a dicha autoridad sin depender de una subsecretaría.
Asimismo, cuestionó la necesidad de otorgar rango de ministro de Estado y fuero de Corte Nacional al nuevo Director de Aviación Civil. El legislador señaló que, ante la desaparición del Consejo de Aviación Civil, la responsabilidad del nombramiento y supervisión debe ajustarse para evitar burocracia innecesaria.
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Transparencia en accidentes aéreos y derechos del pasajero
En cuanto a la seguridad, el debate abordó el artículo 230, referente a la reserva en investigaciones de siniestros. Serrano propuso establecer una fecha de caducidad de la reserva, de modo que, una vez finalizada la indagación, los documentos sean públicos. “La Asamblea debe tener derecho a pedir información una vez que terminen las investigaciones”, enfatizó.
Respecto a la protección del usuario, el asambleísta sugirió integrar la decisión 619 de la Comunidad Andina (CAN). Sostuvo que esta normativa internacional, de cumplimiento obligatorio para Ecuador, ofrece estándares de protección al pasajero superiores a los contemplados en el borrador actual del proyecto de ley.
El “Viacrucis” de Galápagos y el control de tarifas
El punto más sensible de la intervención fue la situación de la provincia de Galápagos. El legislador denunció que, pese a existir leyes que garantizan un descuento del 50% para colonos y residentes, estas no se cumplen debido a la falta de control sobre las aerolíneas. Relató que en temporadas altas los precios pueden alcanzar los 820 dólares, lo que imposibilita el traslado de residentes por motivos de salud.
Serrano criticó el modelo de libre mercado en el sector aeronáutico ecuatoriano, calificándolo de ineficiente para resolver las asimetrías sociales. “Tiene que haber una autoridad que regule estos desfases del mercado”, afirmó, tras denunciar una supuesta jerarquía de embarque donde se prioriza al turista extranjero sobre el ecuatoriano y el residente de las islas.
Conclusión y próximos pasos
El legislador concluyó solicitando a la Comisión de Desarrollo Económico que comparezca el Consejo de Gobierno de Galápagos y que se incluya una redacción que faculte a la Aviación Civil a ejercer un control real sobre las tarifas. El proyecto continuará su trámite parlamentario hacia el segundo debate, con el objetivo de actualizar una normativa que, según el pleno, ha quedado desfasada frente a las necesidades actuales de conectividad y derechos ciudadanos.
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