Fernando Yavar detalla cómo el conglomerado empresarial saldó una deuda de casi USD 98 millones mediante remisiones tributarias y fallos judiciales.

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En una entrevista en La Posta, Fernando Yavar, abogado del Grupo Noboa, explicó el proceso mediante el cual la corporación canceló una deuda tributaria que ascendía a casi 98 millones de dólares. El pago se realizó bajo la Ley de Integridad Pública del gobierno de Daniel Noboa, con base en remisiones tributarias y resoluciones judiciales favorables. El caso ha generado debate sobre posibles conflictos de interés, aunque Yavar insiste en que el proceso fue transparente y aplicable a más de 100 000 contribuyentes.
Origen de la deuda: 25 rubros acumulados desde 2006
La deuda tributaria del Grupo Noboa no surgió de un solo acto, sino de al menos 25 rubros acumulados entre 2006 y 2025, principalmente relacionados con su empresa exportadora. Estos rubros, sumados con intereses, multas y costas judiciales, alcanzaron un monto total de aproximadamente 98 millones de dólares.
Según Yavar, el Grupo Noboa —uno de los conglomerados empresariales más grandes del Ecuador— realiza miles de actuaciones tributarias anuales, lo que explica la complejidad del historial fiscal. La mayoría de estas obligaciones estuvieron en litigio durante años, tanto en instancias administrativas como judiciales.
Dos fallos judiciales redujeron la deuda en USD 15 millones
De los 25 rubros en disputa, dos fueron resueltos a favor del Grupo Noboa mediante sentencias judiciales. Estas decisiones eliminaron alrededor de 14 a 15 millones de dólares del monto total adeudado, reduciendo la cifra a unos 82 millones de dólares.
Yavar enfatizó que estos fallos no fueron excepciones, sino parte de un proceso legal ordinario en el que el grupo ejerció su derecho a impugnar decisiones del Servicio de Rentas Internas (SRI). Incluso, mencionó que el conglomerado presentó una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el caso de la Hacienda La Clementina, aunque esta fue inicialmente rechazada por errores formales.
Pago de USD 25,7 millones bajo la Ley de Integridad Pública
El grueso del saldo restante —25 millones 768 621 dólares— fue pagado en 2024 bajo la Ley de Integridad Pública, promulgada durante el gobierno de Daniel Noboa. Esta norma incluyó una remisión tributaria que permitió a los contribuyentes cancelar únicamente el capital adeudado, sin intereses, multas ni costas.
Yavar subrayó que más de 103 000 contribuyentes se acogieron a este beneficio antes de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la ley. El SRI recaudó más de 125 millones de dólares en ese periodo. “No hubo trato preferencial”, afirmó el abogado, insistiendo en que el Grupo Noboa actuó dentro del marco legal vigente al momento.
¿Conflicto de intereses o mecanismo fiscal común?
Pese a las explicaciones técnicas, persisten dudas sobre un posible conflicto de intereses, dado que el presidente Daniel Noboa pertenece a la familia propietaria del grupo empresarial. Sin embargo, Yavar argumentó que las personas jurídicas son independientes de las naturales según el Código Civil ecuatoriano.
Además, recordó que Ecuador ha aplicado al menos siete leyes de remisión tributaria desde 2006 —tres durante el correísmo, una con Lenín Moreno, una con Guillermo Lasso y dos con Noboa— como mecanismos para obtener liquidez estatal en momentos de crisis fiscal. “Esto no es nuevo ni exclusivo”, señaló.
Situación actual: deuda cero ante el SRI
Tras el pago del capital y la aplicación de las remisiones y fallos judiciales, el Grupo Noboa no registra deudas pendientes con el SRI. Yavar aseguró que el proceso fue auditado y cumplió con todos los requisitos legales.
Hasta la fecha, no existe ninguna condena penal por evasión tributaria contra directivos del grupo, según confirmó el abogado. Solo existen disputas administrativas y judiciales ya resueltas o en curso, como ocurre con miles de contribuyentes en el país.
El caso del Grupo Noboa ilustra la complejidad del sistema tributario ecuatoriano y los mecanismos legales que gobiernos de distintos signos han utilizado para recaudar recursos. Más allá de las interpretaciones políticas, los hechos documentados muestran un proceso de regularización fiscal concluido. La transparencia en estos asuntos no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que refuerza el Estado de derecho en materia tributaria.






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