¿Por qué el Estado despliega todo su poderío militar contra manifestantes indígenas, pero no actúa con la misma contundencia frente al narcotráfico en cárceles, fronteras o ciudades como Durán? Esta es la pregunta central que plantea Alexis Moncayo en su análisis para Punto Noticias de Radio Pichincha.
Moncayo cuestiona la aparente contradicción del Gobierno: por un lado, emite decretos que reconocen que el crimen organizado “ha sobrepasado la capacidad del Estado”, y por otro, moviliza tanquetas, gases lacrimógenos y cientos de efectivos contra comuneros que protestan pacíficamente. “¿Será que esa despreocupación es una suerte de complicidad?”, se pregunta.
También critica la criminalización de la CONAIE, señalando que sus dirigentes son conocidos, tienen domicilios públicos y luchan por derechos colectivos, a diferencia de estructuras criminales que operan en la sombra. Moncayo recuerda casos como los de Rosa, fallecida por asfixia con gas, o Faraín, un comunero con un palo de escoba, como ejemplos del desproporcionado uso de la fuerza estatal.
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Su reflexión invita a examinar con rigor las prioridades del Ejecutivo: ¿a quién protege realmente el Estado? Una pregunta que resuena en medio de la creciente tensión social.
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