¿Hasta dónde ha llegado la represión en Imbabura? Paolina Vercutere, viceprefecta de la provincia, denuncia en una entrevista con Zoom al día una “situación sin nombre” tras 23 días de paro con epicentro en Otavalo.
Asegura que las operaciones de seguridad iniciadas a las 5 de la mañana han afectado a niños, adultos mayores y mujeres, sin respeto a los derechos humanos. Vercutere señala que no existen cifras oficiales confiables sobre detenidos —aunque el ministro Reimberg mencionó 43— y que hay reportes de jóvenes quichuas desaparecidos.
Critica la falta de diálogo: pese a movilizaciones hacia Ibarra y activación del COE provincial, no han recibido respuesta del gobierno nacional. La gobernación está militarizada y las autoridades locales han sido excluidas de cualquier canal de conversación.
Ante esto, Vercutere anunció que solicitó a la Relatoría de la ONU para Pueblos Indígenas, Albert Barume, una visita urgente para constatar la criminalización de dirigentes y exigir el cese de la represión.
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Denuncia racismo estructural y un “desconocimiento profundo” de la realidad territorial por parte del Ejecutivo. Su llamado es claro: romper el cerco mediático y movilizar a la comunidad internacional. La dignidad de Imbabura, dice, precede al Estado ecuatoriano.
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