La eliminación progresiva del subsidio al diésel impactará directamente en el costo de la Canasta Familiar Básica, según análisis del Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico.

A partir de septiembre de 2025, las familias ecuatorianas requerirán un ingreso adicional de 103 dólares mensuales para mantener su poder adquisitivo tras el incremento del precio del diésel, medida adoptada por el gobierno de Daniel Noboa en cumplimiento de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ajuste forma parte de un plan para alinear los precios domésticos con los internacionales, lo que generará un efecto cascada en la cadena productiva y elevará el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB).
Eliminación del subsidio: un paso exigido por el FMI
El 13 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, elevando su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Esta decisión responde a una exigencia del FMI dentro del marco del “Acuerdo Ampliado del Servicio Ampliado de Fondo” firmado por Ecuador. Según el informe de revisión número 25/199 del organismo internacional, publicado en julio de 2025, el gobierno ecuatoriano se comprometió a eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles de bajo octanaje, iniciando con la gasolina extra y culminando con el diésel.
Desde enero de 2026, el precio del diésel en Ecuador comenzará a ajustarse mensualmente mediante un “mecanismo de estabilización de precios” diseñado con apoyo del Banco Mundial y el FMI, hasta alcanzar el promedio internacional en América Latina: 4,10 dólares por galón.

El diésel como mercancía clave en la cadena productiva
El diésel no es solo un combustible; es una “mercancía clave” en la estructura de costos de toda la economía ecuatoriana. Es el principal insumo energético para el transporte de materias primas, insumos industriales, bienes de consumo y personas. Cualquier variación en su precio se traslada directamente a los costos de producción y logística, generando un “efecto cascada” que termina impactando en el precio final de los productos que componen la Canasta Familiar Básica.
Según el análisis del Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico, el alza del 56% en septiembre de 2025 ya generó un incremento inmediato en el costo de la CFB. Para enero de 2026, con la entrada en vigor del mecanismo de estabilización y un ajuste adicional en los márgenes de comercialización, se espera un nuevo salto en los precios de bienes y servicios esenciales.
Impacto en la Canasta Familiar Básica y el poder adquisitivo
En agosto de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que el costo de la Canasta Familiar Básica —definida como el conjunto de bienes y servicios necesarios para un hogar tipo de cuatro miembros— era de 813,88 dólares mensuales. Tras la eliminación del subsidio al diésel y su alineación con el precio internacional, ese valor aumentará en 103 dólares, alcanzando los 916,88 dólares.
Este incremento representa una pérdida significativa del poder adquisitivo, especialmente para los hogares de menores ingresos, cuyos gastos en alimentación, transporte y servicios básicos consumen la mayor parte de su presupuesto. El Salario Básico Unificado (SBU), que en 2025 se ubicó en 460 dólares mensuales, cubre menos del 50% del nuevo costo de la canasta, profundizando la brecha entre ingresos y necesidades básicas.
El cálculo del impacto se realizó mediante dos metodologías complementarias: una proyección estadística con mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y un análisis “antes y después” del alza del diésel. Ambas arrojaron resultados consistentes, lo que refuerza la robustez del diagnóstico.
Escenario conservador y riesgos no contemplados
Los autores del informe señalan que su estimación es conservadora. No se incluyeron factores como la especulación en los mercados, fluctuaciones bruscas del tipo de cambio o ajustes adicionales en los márgenes comerciales. Tampoco se consideró el impacto indirecto en sectores altamente dependientes del transporte, como la agricultura familiar o la pesca artesanal, que podrían verse afectados de manera desproporcionada.
Además, aunque el precio del diésel se fijó en 2,80 dólares hasta diciembre de 2025, medios como El Universo han reportado que aún persiste un subsidio implícito de 16 centavos por galón, lo que sugiere que el ajuste total aún no se ha materializado.
Entre la estabilidad macroeconómica y la protección social
La eliminación del subsidio al diésel responde a una lógica de estabilización macroeconómica respaldada por organismos multilaterales. Sin embargo, su impacto en los hogares ecuatorianos plantea desafíos urgentes en materia de política social. Mientras el gobierno avanza en reformas estructurales, millones de familias enfrentan una presión inflacionaria que amenaza su capacidad para cubrir necesidades básicas.
Ante este escenario, expertos recomiendan complementar las medidas de ajuste con políticas focalizadas de protección al ingreso, como transferencias directas, bonos de movilidad o subsidios condicionados a sectores vulnerables. Solo así será posible equilibrar la sostenibilidad fiscal con la justicia social.






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