Bananera Noboa reduce su deuda tributaria de USD 95 millones a USD 3,5 millones

La empresa vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa se acogió a la remisión fiscal de 2025 antes de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la ley.

La Exportadora Bananera Noboa S.A., empresa del conglomerado familiar del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, redujo su deuda tributaria con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de aproximadamente USD 95 millones a USD 3,5 millones en solo seis meses durante 2025. Esta drástica disminución —del 96,4%— se produjo mediante el acogimiento a la remisión tributaria establecida en la Ley Orgánica de Integridad Pública, cuya disposición fue declarada inconstitucional en septiembre de ese año. El caso ha generado debate sobre equidad fiscal, transparencia institucional y el impacto de las amnistías tributarias en un contexto de crisis económica en Ecuador.

De primera deudora a posición 159 en el ranking del SRI

Hasta marzo de 2025, Exportadora Bananera Noboa figuraba como la mayor deudora tributaria del país, con una obligación firme de USD 94,6 millones, según datos públicos del SRI. Sin embargo, para finales de julio, esa cifra se redujo a USD 21,7 millones. En agosto y septiembre, la empresa realizó pagos parciales que la llevaron a un saldo pendiente de USD 3,5 millones al 30 de septiembre, lo que la ubicó en el puesto 159 del listado de contribuyentes morosos.

Esta caída vertiginosa no responde únicamente a la cancelación del capital, sino a una combinación de estrategias legales: por un lado, el uso de la remisión tributaria; por otro, litigios judiciales previos que cuestionaron la base imponible originalmente determinada por el SRI. La compañía ha mantenido disputas fiscales con el Estado desde al menos 2013, cuando fue embargada su hacienda La Clementina por deudas tributarias.

La remisión tributaria: mecanismo legal y límites

La Ley Orgánica de Integridad Pública, publicada el 26 de junio de 2025, estableció una remisión del 100 % de intereses, multas y recargos sobre obligaciones tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre que el contribuyente pagara el capital antes del 31 de diciembre de 2025. La medida, aplicable a todos los contribuyentes, excluía expresamente el Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2024, sanciones en procesos administrativos y obligaciones generadas a partir de enero de 2025.

Según el SRI, la remisión se aplicaba automáticamente al momento del pago del capital, lo que permitía a los contribuyentes elegir qué deudas saldar en cada ocasión. Bananera Noboa aprovechó esta flexibilidad para realizar pagos escalonados entre julio y septiembre, reduciendo progresivamente tanto el capital como los accesorios sujetos a condonación.

Inconstitucionalidad y ventana de oportunidad

El 26 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional emitió la Sentencia No. 52-25-IN/25, que declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Integridad Pública y, con ella, el régimen de remisión tributaria. Sin embargo, al no haberse publicado aún el fallo en el Registro Oficial al 30 de septiembre, la norma seguía vigente, permitiendo que Bananera Noboa realizara su último pago bajo el beneficio legal.

El SRI aclaró posteriormente que los pagos efectuados antes de la publicación oficial del fallo conservarían la remisión aplicada, pero que ya no se admitirían nuevos acogimientos. Esto generó una ventana de oportunidad crítica que varias empresas, incluida Bananera Noboa, utilizaron para regularizar sus obligaciones bajo condiciones excepcionalmente favorables.

Impacto fiscal y debate sobre equidad

La condonación implicó una renuncia estatal estimada en más de USD 76 millones —correspondientes a intereses, multas y recargos— que dejaron de ingresar al Presupuesto General del Estado. En un momento de severa restricción fiscal, con recortes en salud, educación y seguridad, esta pérdida de recaudación ha sido cuestionada por sectores de la sociedad civil y partidos políticos.

El movimiento Revolución Ciudadana exigió al SRI “restaurar” la deuda original, argumentando posible trato preferencial. Aunque no se ha confirmado oficialmente ningún privilegio, la vinculación de la empresa con la familia presidencial intensifica la percepción de conflicto de interés, especialmente tras denuncias periodísticas sobre el nombramiento de una exgerente de la compañía como directora del SRI.

Expertos en política fiscal señalan que, si bien la acción de Bananera Noboa fue legal, refleja un patrón recurrente en Ecuador: la promulgación periódica de leyes de remisión que desincentivan el cumplimiento oportuno y benefician desproporcionadamente a grandes contribuyentes con capacidad litigiosa.

Contexto empresarial y político

Exportadora Bananera Noboa, fundada en 1946, es una de las principales exportadoras de banano de Ecuador, país que lidera las exportaciones mundiales de este producto. La empresa forma parte del Grupo Noboa, conglomerado de más de 110 compañías en sectores como agricultura, banca, minería y transporte marítimo, propiedad de la familia del expresidente candidato Álvaro Noboa y actualmente vinculada al presidente Daniel Noboa.

Aunque el mandatario ha reiterado su desvinculación operativa de las empresas familiares, el caso ha puesto en el centro del debate la intersección entre poder económico, influencia política y diseño de políticas fiscales. La familia Noboa ha señalado que cumplió con todas sus obligaciones y que los USD 3,5 millones restantes serán pagados bajo el régimen tributario ordinario.

Legalidad frente a equidad

La reducción de la deuda de Bananera Noboa es un ejemplo emblemático de cómo los marcos legales, aunque técnicamente neutrales, pueden tener efectos profundamente asimétricos en la práctica. Mientras el Estado perdona decenas de millones en sanciones a un gran contribuyente, millones de ciudadanos cumplen puntualmente con impuestos indirectos como el IVA sin acceso a beneficios similares.

El reto para Ecuador no es solo recaudar más, sino construir un sistema tributario percibido como justo. Futuras reformas deberán equilibrar incentivos al cumplimiento, transparencia en la aplicación de beneficios fiscales y salvaguardas contra la captura institucional. Hasta entonces, casos como este seguirán erosionando la confianza en la equidad del sistema.