
En la sesión 034 de la Asamblea Nacional, la asambleísta Liliana Durán denunció graves irregularidades en el Informe a la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025. Según su análisis, el documento incumple la Constitución al presentar un déficit permanente de $1,437 millones (ingresos: $20,956M vs. egresos: $22,393M), violando el artículo 286 que exige financiar gastos permanentes con recursos estables. Además, proyecta un déficit global del 4.4% del PIB para 2025, subiendo a $5,625 millones, sin corrección en la programación cuatrienal hasta 2028.
Durán destacó proyecciones irreales en ingresos petroleros: se estima una producción de 169,000 millones de barriles, pero la fiscalización muestra apenas 337,000 barriles diarios, generando una sobreestimación de $2,000 millones.
También alertó sobre preasignaciones no verificadas en salud y educación, y $210 millones en bonos electorales sin sustento técnico. La falta de control político, con comparecencias superficiales de delegados, refleja una “renuncia al rol constitucional de la Asamblea”.
Cierre reflexivo: “Este presupuesto no es sostenible ni constitucional. Exigimos correcciones urgentes para evitar hipotecar el futuro de Ecuador”.






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