Más de 4.600 paquetes entregados en Guayas y Los Ríos buscan controlar la plaga que amenaza el 94% de la producción nacional.
El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), implementa desde enero de 2025 una estrategia integral para combatir la sogata, plaga que afecta cultivos de arroz en Guayas y Los Ríos. Con 4.683 paquetes tecnológicos, 11.733 asistencias técnicas y 786 capacitaciones, busca proteger el 94% de la producción arrocera del país, clave para la seguridad alimentaria y la economía rural.
Intervención multisectorial frente a la emergencia
El MAGP, en coordinación con Agrocalidad y el INIAP, ha distribuido 4.683 paquetes tecnológicos en Guayas y Los Ríos, provincias que concentran la mayor producción arrocera ecuatoriana. Cada paquete incluye insumos fitosanitarios y nutricionales diseñados para reducir la incidencia de la sogata, insecto que daña raíces y reduce rendimientos. Según datos oficiales, la plaga se ha detectado en zonas específicas de ambas provincias, donde operan técnicos de las tres instituciones para monitorear su evolución y aplicar medidas correctivas.
La estrategia responde a alertas tempranas emitidas por productores en el primer semestre de 2025. “La sogata representa un riesgo para la cadena productiva, pero con insumos adecuados y conocimiento técnico, es posible controlarla”, explicó un funcionario del MAGP bajo condición de anonimato. Los insecticidas incluidos en los paquetes están autorizados por Agrocalidad y siguen protocolos de uso responsable para minimizar impactos ambientales.

Capacitación y asistencia: pilares de la estrategia
Además de los insumos, el programa prioriza la transferencia de conocimiento. Entre enero y agosto de 2025, se han realizado 11.733 asistencias técnicas (4.285 en Guayas y 7.448 en Los Ríos) y 786 capacitaciones presenciales, beneficiando a 2.972 productores. Los talleres abordan manejo de plagas, uso de semilla certificada y buenas prácticas agrícolas, con énfasis en la prevención.
Durante un encuentro en Daule, el ministro Danilo Palacios anunció la creación de una mesa técnica con productores, industriales y entidades científicas para desarrollar semillas resistentes a la sogata. “Trabajaremos en una variedad más productiva y tolerante a plagas, garantizando sostenibilidad a largo plazo”, aseguró. La iniciativa busca reducir la dependencia de insumos químicos y fortalecer la resiliencia del sector.
Control de precios y compromiso con la cadena productiva
En la misma reunión, el ministro reiteró el cumplimiento del precio mínimo de sustentación: 36 dólares por saca de arroz cáscara grano largo y 34 dólares para grano corto, con un peso estandarizado de 205 libras. Equipos de fiscalización verifican que los acopiadores respeten estos valores, tras denuncias de subpagos en temporadas anteriores.
Los agricultores destacaron la accesibilidad del diálogo gubernamental, aunque solicitaron mayor rigor en los controles. “Necesitamos que las normas se apliquen sin excepciones para proteger nuestra inversión”, señaló un productor de Los Ríos. Diana Roldán, directora del Clúster Arrocero, subrayó la importancia de “garantizar calidad desde el campo hasta el consumidor final, con prácticas que aseguren alimentos seguros”.
Semillas certificadas: apuesta por el futuro
Para 2025, el INIAP proyecta producir 118,20 toneladas de semilla certificada de arroz, suficiente para cubrir 66.393 hectáreas y beneficiar a 25.244 agricultores. Estas variedades, desarrolladas en laboratorios nacionales, destacan por su alto rendimiento y resistencia a plagas. “La semilla es el primer eslabón de la cadena; invertir en calidad evita pérdidas posteriores”, detalló un investigador del INIAP.
La meta forma parte de un plan integral que incluye monitoreo satelital de cultivos y alianzas con cooperativas para optimizar logísticas. Autoridades locales afirman que, si se mantiene el ritmo actual, la producción arrocera recuperará niveles prepandemia en 18 meses.
La respuesta gubernamental a la sogata refleja un enfoque multisectorial, combinando tecnología, capacitación y políticas de protección al productor. Si bien los resultados a mediano plazo dependerán de la adopción de prácticas sostenibles, la coordinación entre Estado, academia y campo sienta un precedente para enfrentar futuras crisis agrícolas. En un contexto de volatilidad climática y mercados globales inciertos, la seguridad alimentaria nacional sigue siendo una prioridad no negociable.







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