263 millones en 16 años: Asamblea debate eliminar financiamiento político

La reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución irá a referéndum tras aprobación con 81 votos a favor.

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves 7 de agosto una reforma constitucional que elimina el financiamiento público a partidos y movimientos políticos, incluyendo el fondo partidario y el fondo de promoción electoral. La iniciativa, presentada por el presidente Daniel Noboa, fue respaldada por 81 votos a favor, 63 en contra y una abstención. El cambio deberá ser ratificado por la ciudadanía en un referéndum, tras pasar primero por revisión de la Corte Constitucional. La medida es considerada clave para reducir el gasto público en política, aunque genera debate sobre su impacto en la democracia participativa.

La Asamblea Nacional dio un paso decisivo hacia la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos al aprobar una reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución. El respaldo de 81 legisladores, principalmente del bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) y el Partido Social Cristiano (PSC), permitió superar el umbral de 77 votos necesarios para avanzar con reformas constitucionales. La propuesta, presentada por el Ejecutivo durante el periodo presidencial transitorio de Daniel Noboa, fue agilizada en el nuevo ciclo legislativo iniciado en mayo.

El presidente de la comisión ocasional encargada del trámite, Esteban Torres (ADN), presentó la moción para la aprobación del informe final, argumentando que el Estado ha destinado más de 263 millones de dólares a partidos políticos desde 2008. “¿Con estos recursos se ha mejorado la democracia? ¿Tenemos mejores políticos? Que los ecuatorianos respondan”, planteó durante su intervención. El fondo partidario, señaló, otorgaba anualmente al menos 400.000 dólares a cada partido nacional, independientemente de si había elecciones.

La reforma ahora será enviada a la Corte Constitucional para su revisión, aunque ya cuenta con un dictamen previo favorable emitido el 28 de octubre de 2024, donde se estableció que la propuesta no vulnera derechos fundamentales ni altera procedimientos constitucionales esenciales. Una vez superado este paso, se convocará a referéndum nacional.

Durante más de dos horas de debate, los asambleístas expusieron posiciones encontradas sobre el impacto de la reforma. Mientras los defensores la presentaron como una demanda ciudadana de transparencia y austeridad, los opositores advirtieron sobre el riesgo de precarizar la democracia.

La legisladora Diana Jácome (ADN) afirmó que existe un “clamor ciudadano” contra el uso de fondos públicos para sostener estructuras partidistas. Citó casos de desvíos reportados en auditorías, como el uso de recursos para cirugías estéticas, exámenes prostáticos y alimentación de mascotas. “No se trata de atacar a los partidos, sino de responder a una exigencia ética de la ciudadanía”, sostuvo.

En sentido contrario, Nuria Butiñá, de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), calificó la reforma de “absurda” y sostuvo que el financiamiento público es una garantía constitucional para evitar que la política quede en manos de intereses económicos privados. “Eliminar este pilar es minar la democracia participativa y silenciar voces que disienten”, advirtió. Añadió que los 263 millones entregados desde 2008 representan menos del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual del país.

La asambleísta Gitta Andrade (RC) fue más contundente: “¿Qué pasará con los movimientos rurales o locales que no tienen recursos para darse a conocer?”, preguntó. Criticó a algunos legisladores por “olvidar de dónde vienen” y advirtió que la medida podría convertir la política en un negocio de élites.

Según datos presentados por Esteban Torres, desde 2008 el Estado ha transferido 263 millones de dólares a organizaciones políticas. De ese monto, aproximadamente 81 millones corresponden al fondo partidario —destinado al funcionamiento institucional— y 182 millones al fondo de promoción electoral, utilizado para campañas en medios de comunicación durante procesos electorales.

Los principales beneficiarios han sido Alianza PAIS, con 17,9 millones de dólares; el Partido Social Cristiano, con 12,2 millones; y el Partido Sociedad Patriótica, con 8,6 millones. Movimientos como CREO, Pachakutik, ID y Revolución Ciudadana también recibieron entre 2 y 6,5 millones cada uno.

Torres destacó que el fondo de promoción electoral no se entrega en efectivo, sino que se asigna directamente a medios de comunicación para difundir propuestas. Sin embargo, argumentó que su eliminación permitiría redirigir esos recursos a sectores críticos como salud, educación y seguridad, áreas en las que el Estado enfrenta serias carencias.

Otto Vera (PSC) coincidió en que el uso de los fondos ha estado “lejos del objetivo original”, que era fortalecer la formación política. “Hemos visto atrocidades con el dinero público, y eso ha minado la confianza ciudadana”, afirmó. Aunque su partido recibió millones en fondos, Vera respaldó la reforma como un “baño de verdad” necesario.

Con la aprobación del Pleno, la reforma entra en una nueva fase. Tras su revisión formal por la Corte Constitucional, se convocará a una consulta popular con la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

El resultado del referéndum será vinculante. Si la ciudadanía aprueba la propuesta, se modificarán los artículos 110 y 115 de la Constitución, eliminando así la obligatoriedad del financiamiento estatal. En ese escenario, los partidos deberán buscar otras fuentes de ingreso, como aportes privados o cuotas de militantes, aunque aún no existe una normativa secundaria que regule estos mecanismos.

Esteban Torres reconoció que, de aprobarse la reforma, será necesario reformar leyes electorales y de partidos para adaptar el sistema a la nueva realidad. “No se eliminan los controles ni los límites al gasto electoral”, aclaró, pero el marco legal deberá ajustarse para evitar vacíos regulatorios.

La aprobación de la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos marca un punto de inflexión en el sistema democrático ecuatoriano. Si bien la medida responde a una creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política, también plantea desafíos sobre la equidad en la competencia electoral. El referéndum será la instancia final donde los ecuatorianos decidirán si prefieren un sistema político más austero o uno que garantice participación mediante apoyo estatal. La decisión no solo afectará a los partidos, sino el futuro de la democracia representativa en el país.