Ecuador debate la castración química para violadores

El presidente Daniel Noboa propone una reforma constitucional para aplicar esta medida a condenados por delitos sexuales, en medio de críticas y apoyos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó una reforma constitucional para permitir la castración química a personas condenadas por violación, un anuncio que ha reabierto el debate sobre su eficacia legal, médica y social. La propuesta, enviada a la Asamblea Nacional, surge tras el caso de un legislador acusado de agredir a una menor de 12 años, y busca endurecer las sanciones en un país donde entre 2018 y 2023 se registraron 52,000 casos de violencia sexual.

La iniciativa busca modificar el artículo 393 de la Constitución ecuatoriana para habilitar una ley que regule la aplicación de castración química —una terapia hormonal que reduce la testosterona y la libido— a quienes hayan cumplido sentencias por violación. Según el gobierno, el proyecto seguirá el proceso de reforma parcial establecido en el artículo 442 de la Carta Magna: dos debates legislativos y un referéndum ciudadano.

La vocera oficial, Carolina Jaramillo destacó que la medida busca “proteger a las víctimas y prevenir la reincidencia”. Sin embargo, la reforma enfrenta dudas sobre su viabilidad. El expresidente Lenin Moreno intentó en 2019 crear un registro de violadores, pero fue rechazado por la Corte Constitucional por vulnerar derechos humanos y obstaculizar la reinserción social.

Desde el punto de vista médico, expertos señalan que esta práctica, usada en países como Polonia, Corea del Sur y algunos estados de EE.UU., reduce la libido pero no garantiza la rehabilitación. “En estudios de hasta 25 años, se ha observado reincidencia incluso en quienes recibieron este tratamiento”, explica. Además, advierte sobre riesgos como osteoporosis, depresión y efectos irreversibles si se aplica por largo plazo.

Los especialistas resaltan que el éxito depende de combinarse con terapias psicológicas y seguimiento multidisciplinario. En Ecuador, sin embargo, el sistema penitenciario carece de infraestructura básica para garantizar tratamientos médicos regulares, como medicinas para tuberculosis o diabetes, según reportes de organismos internacionales.

La pena máxima por violación en Ecuador ya es de 25 años. La castración química podría ser vista como una ‘pena cruel’ si no se justifica técnicamente. El país tiene una tasa de impunidad del 96% en estos casos, ya que solo el 4% de las denuncias resulta en condenas ejecutoriadas.

Políticamente, la propuesta ha sido utilizada como arma contra la oposición. El gobierno ofreció una recompensa de $100,000 para localizar a Santiago Díaz, un legislador de la Revolución Ciudadana acusado de violar a una menor. Mientras el oficialismo lo califica como “ejemplo de justicia”, grupos críticos señalan que el debate podría distraer de reformas urgentes en el sistema judicial y penitenciario.

El sistema de justicia revictimiza a las víctimas. Los niños pasan por múltiples interrogatorios y muchas familias no denuncian por miedo o estigma. Ecuador necesita políticas públicas articuladas, no medidas punitivas aisladas. La violencia sexual es un problema estructural que no se resuelve con castración química, sino con inversión en educación, salud y justicia.

La propuesta de castración química en Ecuador ilustra la tensión entre el clamor ciudadano por justicia y los desafíos de diseñar políticas efectivas y respetuosas de derechos humanos. Mientras el debate continúa, el país enfrenta el urgente reto de reducir la impunidad, proteger a las víctimas y abordar las raíces de la violencia sexual. Sin reformas profundas, cualquier medida corre el riesgo de ser simbólica o contraproducente.