Verónica Abad: ¿Justicia electoral o persecución política?"

El TCE ratifica la suspensión de derechos políticos de la vicepresidenta en un fallo que divide al país y pone en jaque al gobierno de Noboa.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acaba de cerrar un capítulo polémico: la vicepresidenta Verónica Abad perderá sus derechos políticos por dos años y deberá pagar $14,100 por violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Pero el fallo, lejos de zanjar el conflicto, ha desatado una tormenta legal. Abad denuncia “irregularidades”, anuncia acciones legales contra el juez Ortega y cuestiona: “¿Podremos creer en un proceso electoral justo?” Mientras, el gobierno de Noboa ya evalúa su reemplazo.

Verónica Abad: ¿Justicia electoral o persecución política?"

Con tres votos a favor, el pleno del TCE confirmó lo que muchos anticipaban: la sanción a Abad por supuesta violencia política de género, un delito tipificado en el Código de la Democracia. La decisión incluye no solo una multa equivalente a 30 salarios básicos, sino también la suspensión de sus derechos a elegir, ser elegida y ejercer cargos públicos hasta 2027.

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Pero la vicepresidenta, desde Turquía —donde cumple funciones como delegada presidencial—, lanzó un contundente descargo en redes: “No se me ha notificado conforme a la ley. No existe una sola prueba que respalde esta sentencia”. Su defensa insiste en que el juez Fernando Muñoz admitió durante la audiencia la falta de evidencia contundente.

Edison Guarango, abogado constitucionalista, explica que el fallo es “definitivo” en el ámbito electoral, pero abre una puerta: una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. “El problema es que la vicepresidencia no es un cargo público común. Su destitución requeriría un juicio político en la Asamblea”, aclara.

El TCE, sin embargo, ha sido claro: la sanción no la destituye automáticamente, pero la inhabilita para futuros procesos electorales y limita su rol político. “Es un mensaje contundente: ni los altos funcionarios están por encima de la ley”, sostiene un miembro del Tribunal bajo condición de anonimato.

Mientras Abad acusa al juez Ortega de “prevaricato” y anuncia una denuncia ante la Fiscalía, el oficialismo se prepara para lo inevitable. El ministro de Gobierno, José De la Gasca, ya habla de “ausencia temporal” y sugiere que Noboa designará un reemplazo pronto. “Si el presidente me confía, no tendría problema”, dijo, en una frase que revela la pugna interna.

El fallo marca un hito al sancionar violencia política entre mujeres, algo poco judicializado en Ecuador. Pero también plantea dudas: ¿Fue el proceso justo? ¿Por qué no se notificó personalmente a Abad? ¿Es compatible la sanción con su cargo constitucional?

El caso Abad expone las tensiones entre justicia y política en un Ecuador polarizado. Si la Corte Constitucional no interviene, el mensaje será claro: ni la vicepresidencia protege de las consecuencias de un discurso controversial. Pero si la sentencia se revierte, ¿quedarán en evidencia las fisuras del sistema electoral? ¿Es este un fallo histórico o un error judicial?