El proceso judicial sobre la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, dictada por el Ministerio de Trabajo, llega a su fase final, y la jueza Nubia Vera anunciará su decisión este 23 de diciembre. Esta controversia ha puesto en debate cuestiones constitucionales clave, desde la legalidad de la sanción hasta las implicaciones de la licencia presidencial en un contexto electoral.
El caso surge de una sanción de 150 días sin sueldo impuesta por el Ministerio de Trabajo a la vicepresidenta. Según Andrés Benavides, abogado constitucionalista, esta medida no tiene fundamento legal. Señaló que el Ministerio carece de competencia para sancionar a dignatarios de elección popular y que la falta de una norma específica viola el principio de reserva de ley. “La sanción se basa en interpretaciones antojadizas, lo que constituye una clara violación a los derechos constitucionales”, afirmó Benavides.
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La defensa de Abad argumenta que la suspensión es un acto arbitrario, pues no existe una infracción administrativa tipificada en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) que respalde esta medida. La ministra de Trabajo, Ivonne Nuñez, al ser cuestionada durante las audiencias, se refirió a una “norma abierta”, lo que generó mayor incertidumbre.
El caso no solo afecta la posición de la vicepresidenta, sino que también genera dudas sobre la licencia presidencial de Daniel Noboa. Según el artículo 93 del Código de la Democracia, los dignatarios que busquen la reelección deben pedir licencia para garantizar igualdad en la campaña electoral. Sin embargo, el ministro de Gobierno ha señalado que esta disposición podría no aplicar en un gobierno de transición, lo que crea tensiones políticas y jurídicas.
De aceptarse la acción de protección de Abad, se cuestionaría la continuidad de Saria Moya como vicepresidenta encargada, designada por decreto ejecutivo. Este escenario podría derivar en la coexistencia de dos vicepresidentas hasta que se resuelva la situación legal. Además, la Corte Constitucional aún debe pronunciarse sobre la validez del reglamento que permitió la sanción.
El caso de Verónica Abad no solo expone vacíos legales y tensiones políticas, sino que también plantea preguntas sobre la independencia de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho. ¿Será este proceso un precedente para fortalecer la institucionalidad o un reflejo de sus debilidades estructurales?
Fuente: ECUAVISA | prensa.ec
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