La CTE pone en jaque a 32 GAD y una mancomunidad tipo B por irregularidades en la instalación de dispositivos
La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ha iniciado un proceso crítico: la suspensión de 163 fotorradares instalados por 32 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y una mancomunidad tipo B. Estas acciones revelan profundas fallas en la gestión y control de tránsito, cuestionando la legalidad de convenios interinstitucionales y la verdadera función de estos dispositivos.
En un movimiento que evidencia las inconsistencias en la gestión del tránsito en Ecuador, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) anunció el 5 de septiembre la suspensión de 163 fotorradares instalados por 32 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y una mancomunidad tipo B. Esta medida, adoptada por la actual administración, se basa en la necesidad de corregir las irregularidades heredadas de administraciones anteriores que, al margen de la normativa vigente, facultaron a estas entidades locales a ejercer competencias que no les correspondían.
Mario Andrade, director ejecutivo de la CTE, explicó en un comunicado que esta decisión se fundamenta en la resolución administrativa emitida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la cual delimita las competencias operativas que pueden ser delegadas a los GAD. Según Andrade, la instalación de estos dispositivos de control de tránsito fue autorizada bajo convenios de cooperación interinstitucional firmados por la CTE en periodos anteriores, contraviniendo las normas que reservan tales competencias a los GAD del modelo de gestión tipo A y al Gobierno central a través de la CTE.
La suspensión de estos dispositivos expone un problema estructural en la gestión del tránsito en el país: la falta de claridad y control en la delegación de competencias. Los convenios que permitieron la instalación de estos fotorradares no solo violaron la delegación conferida por la ANT, sino que también han sido objeto de controversia por la ubicación y el propósito de los equipos. De hecho, ya en junio de este año, la CTE había suspendido otros 39 dispositivos por razones similares, elevando la cifra total a 302 dispositivos cuestionados.
Las repercusiones de estas decisiones van más allá de la simple desconexión de los fotorradares. La medida pone en tela de juicio la eficacia y la transparencia de los mecanismos de control del tránsito, así como la verdadera intención detrás de la instalación de estos dispositivos. ¿Estaban destinados a prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial, o fueron instalados principalmente como una fuente de recaudación para los GAD involucrados?
Este escenario revela la necesidad urgente de una revisión integral de las políticas de tránsito en el país, enfocándose en la correcta asignación de competencias y en la transparencia de los procesos de instalación y operación de dispositivos de control. La actual administración de la CTE ha dejado claro que no tolerará más irregularidades en este ámbito, pero queda por ver si las acciones correctivas serán suficientes para restaurar la confianza en la gestión del tránsito en Ecuador.
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La pregunta que queda en el aire es: ¿Podrá la Comisión de Tránsito del Ecuador asegurar que, en adelante, la instalación y operación de dispositivos de control de tránsito cumplan con su verdadero objetivo preventivo y no se conviertan en un mero instrumento recaudatorio?
Fuente: prensa.ec
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