El legislador de la Revolución Ciudadana explica en entrevista las estrategias para modernizar la normativa y combatir el crimen organizado
El asambleísta Sergio Peña, integrante de la Revolución Ciudadana y de las comisiones de Ética y Desarrollo Económico, ofreció una entrevista a “Un Café con JJ” donde expuso los avances y desafíos del proyecto de ley contra el crimen organizado. En un contexto de creciente inseguridad y demanda ciudadana por soluciones efectivas, Peña defendió la necesidad de modernizar la normativa legal mientras respetan los derechos constitucionales. “Somos una oposición propositiva”, afirmó, subrayando la importancia de dotar al Estado de herramientas para combatir el crimen sin caer en abusos.

El proyecto de ley contra el crimen organizado se encuentra en análisis por la Comisión de Desarrollo Económico, donde Peña es integrante. “Estamos actualmente recién en un primer informe borrador que nos llegó el día de ayer y que hoy estará en primera votación”, declaró. Aunque reconoció que falta mucho por hacer, destacó la participación de académicos y expertos en derecho penal constitucional para enriquecer el debate.
Recibe muy temprano las portadas
de los periódicos
más influyentes del mundo.
¡Únete ahora!.
“Hemos tenido a distintos expertos en materia penal constitucional que justamente buscan sustentar este proyecto de ley”, explicó. La policía también compareció para exponer sus necesidades y visión. “Nosotros estamos para darle las herramientas al Estado para que pueda combatir al crimen”, enfatizó.
Peña hizo una distinción clara entre la delincuencia organizada y la delincuencia común. “Estamos hablando de grupos terroristas que han sido combatidos con regímenes excepcionales en otros países”, dijo, citando ejemplos como ETA en España y grupos similares en Francia. “Aquí no hablamos de un chico que roba un celular, sino de gente que puede entrar con una metralleta a un PAI a intentar asesinar policías”, señaló.

El legislador defendió la necesidad de un régimen especial para juzgar este tipo de delitos. “El derecho tiene que evolucionar con la sociedad y las leyes tienen que adaptarse a las necesidades de la sociedad”, argumentó. Subrayó que la ley debe ser más fuerte que los grupos organizados para proteger a la ciudadanía.
A pesar de la urgencia, Peña insistió en la importancia de respetar los derechos constitucionales. “En esto estamos trabajando, para que se respeten los derechos de las personas y no se permitan los abusos”, dijo. Advertió que el proyecto de ley debe evitar dar pie a abusos del Estado, independientemente del gobierno de turno.
“La ley no debe facilitar los abusos de un gobierno”, enfatizó. Propuso ajustes en el proyecto para evitar normas redundantes y garantizar que las herramientas entregadas al Estado sean proporcionalmente efectivas contra el crimen organizado.
Peña defendió la idea de una oposición propositiva que no solo critique sino que contribuya con soluciones. “Somos una oposición propositiva, no estamos para oponernos sino para proponer”, afirmó. Criticó la idea de que la oposición deba simplemente bloquear iniciativas y defendió el trabajo colaborativo para solucionar los problemas del país.
“El país necesita soluciones, no peleas”, dijo. Propuso que la oposición debe dotar al Estado de herramientas para combatir el crimen y luego evaluar su efectividad, evitando que el gobierno use excusas como “no me dejaron gobernar”.
El asambleísta también abordó la necesidad de modernizar la normativa jurídica para adaptarse a nuevos tipos de crímenes y tecnologías. “El derecho tiene que evolucionar con la sociedad”, dijo. Citó ejemplos como amenazas desde números extranjeros y la estructura organizada del crimen, que requieren respuestas legislativas actualizadas.
Peña criticó propuestas que considera redundantes, como normas que ya existen en el Código Orgánico Integral Penal. “Hay detallitos que sí, efectivamente, hay que darle celeridad en la ley, pero depende mucho de la voluntad política”, señaló. Propuso utilizar mecanismos ya existentes como los actos urgentes para agilizar procesos sin necesidad de normas extraordinarias.
La postura del asambleísta Sergio Peña revela un equilibrio difícil entre la necesidad de seguridad y el respeto a los derechos constitucionales. Su llamado a una oposición propositiva y su crítica a normas redundantes plantean un camino alternativo al tradicional enfrentamiento político. ¿Podrá este enfoque evitar que el proyecto de ley termine en la Corte Constitucional? ¿Logrará el diálogo legislativo superar la polarización actual?
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.