- Dignidad y derecho advierte que avanzar en la regulación sin fortalecer los cuidados paliativos puede generar riesgos para pacientes vulnerables.

Quito, 26 de marzo de 2026.- El inicio del primer debate en la Asamblea Nacional del Ecuador sobre el proyecto de ley que regula los procedimientos eutanásicos marca un nuevo momento en esta discusión legislativa en el país, en medio de alertas sobre las condiciones del sistema de salud y la desinformación.
El Estudio Jurídico Dignidad y derecho advirtió que avanzar en esta normativa sin un fortalecimiento previo de la atención integral del dolor podría incidir en decisiones condicionadas por la falta de alternativas médicas. Según la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, apenas alrededor del 3 % de los pacientes en Ecuador accede actualmente a cuidados paliativos, lo que evidencia una brecha estructural en la cobertura sanitaria y que condiciona las decisiones que pueden tomar pacientes en etapa terminal.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los cuidados paliativos son un componente esencial de los sistemas de salud, al permitir aliviar el sufrimiento y garantizar acompañamiento digno en etapas críticas, además de contribuir a que las decisiones médicas se adopten en condiciones informadas.
El debate sobre la eutanasia se desarrolla a partir de la sentencia No. 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional del Ecuador, que despenalizó este procedimiento bajo condiciones específicas, como el consentimiento libre, informado e inequívoco del paciente y la presencia de una enfermedad grave e incurable o de un sufrimiento intenso derivado de una lesión irreversible. El fallo no reconoció la eutanasia como un derecho autónomo, sino una excepción condicionada del tipo penal de homicidio con requisitos específicos.
“Cuando el sistema de salud pública no ofrece alternativas reales para aliviar el dolor, las decisiones se toman en un contexto vulnerable y limitado. Por eso, el fortalecimiento de los cuidados paliativos debe ser una prioridad en este proceso”, afirmó Víctor Manuel Valle, presidente de Dignidad y derecho.
El Estudio jurídico, hace un llamado a que el proceso legislativo incorpore criterios técnicos claros y priorice el fortalecimiento del sistema sanitario, en un debate que, más allá del ámbito jurídico, pone en el centro la protección de las personas en situación de enfermedad y vulnerabilidad, así como la necesidad de garantizar condiciones que resguarden la dignidad de todas las vidas.

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