El Tribunal Contencioso Electoral autoriza el proceso de revocatoria contra el alcalde Pabel Muñoz, quien denuncia una “barbaridad jurídica” y calculismo político en plena coyuntura electoral.
En una decisión dividida, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha dado luz verde al proceso de revocatoria del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Mientras los impulsores del pedido alegan incumplimiento de funciones, Muñoz denuncia una maniobra política sin fundamentos jurídicos. ¿Estamos ante un ejercicio democrático legítimo o una estrategia para desestabilizar la gestión de la Revolución Ciudadana?
El pasado viernes, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aprobó, con tres votos a favor y dos en contra, el inicio del proceso de revocatoria del mandato de Pabel Muñoz, alcalde de Quito. La resolución ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) entregar, en un plazo de 15 días, los formularios para recolectar las firmas necesarias. Sin embargo, el fallo no ha estado exento de polémica. Muñoz calificó la decisión como una “barbaridad jurídica”, argumentando que carece de fundamentos legales y responde a intereses políticos.
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El recurso de revocatoria fue presentado por Néstor Napoleón Marroqin, quien alega incumplimiento de funciones por parte del alcalde. No obstante, Muñoz sostiene que no se ha presentado ninguna prueba concreta para respaldar estas acusaciones. “Quienes buscan mi salida desde agosto de 2023 no presentan ni una sola prueba sobre incumplimiento de funciones”, afirmó el alcalde en un comunicado publicado en sus redes sociales. Además, recordó que ya fue sancionado previamente por una infracción electoral, una multa que cumplió en su totalidad, lo que, según él, convierte este nuevo intento en un caso de “doble juzgamiento”.
El proceso ha pasado por varias instancias. Inicialmente, el CNE rechazó de manera unánime el pedido de revocatoria. Posteriormente, el TCE, en una primera instancia, también negó la solicitud. Sin embargo, en una apelación elevada al pleno del tribunal, se revirtió la decisión. Muñoz no duda en señalar el momento político en el que se da esta resolución: a puertas de la segunda vuelta electoral. “Es obvio que el pedido carece de base jurídica y huele a persecución y cálculo político electoral”, aseguró.
La decisión del TCE no solo tiene repercusiones legales, sino también políticas y sociales. De avanzar el proceso, Quito podría enfrentarse a un costoso plebiscito para decidir si Muñoz continúa o no en el cargo. Esto, en un contexto en el que la ciudad ha visto una inversión significativa en obras públicas durante su gestión. Según el alcalde, se han invertido más de 1,300 millones de dólares en proyectos que incluyen la rehabilitación de vías, la recuperación de parques y la mejora de infraestructuras clave como la avenida Galo Plaza Lasso.
Además, Muñoz destacó avances en educación, salud y políticas para la primera infancia, así como la atracción de inversión privada por más de 595 millones de dólares. “Somos el único municipio en el país con un subsistema de educación de 20 unidades educativas y de salud con tres centros de primer nivel”, afirmó. Sin embargo, estos logros podrían verse opacados por la incertidumbre generada por el proceso de revocatoria.
El caso de Pabel Muñoz plantea preguntas incómodas sobre el uso de mecanismos democráticos como la revocatoria de mandato. ¿Es este un instrumento legítimo para exigir rendición de cuentas o una herramienta politizada para desestabilizar a gobiernos incómodos? Muñoz lo tiene claro: “Pierde la ciudad”. Pero, ¿qué piensan los quiteños? ¿Están dispuestos a respaldar a un alcalde que asegura estar siendo víctima de una campaña de desprestigio, o creen que es momento de un cambio? La respuesta, como siempre, estará en las urnas.
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