Un análisis crítico sobre los riesgos institucionales y jurídicos que enfrenta el CNE si no se cumple la Constitución
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador enfrenta un momento crucial con la renovación parcial de sus vocales. La falta de cumplimiento constitucional no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría tener profundas repercusiones en la estabilidad democrática del país. ¿Está el CNE en riesgo de caer en la ilegalidad por la extensión indebida de funciones?
La situación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Ecuador es alarmante. Conforme se aproxima la fecha límite del 20 de noviembre de 2024, cuando concluyen los seis años de funciones de los vocales designados en 2018, el país enfrenta un posible vacío legal. Henry Llanes, analista político, advierte de las graves implicaciones de que los consejeros del CNE extiendan su mandato más allá de esa fecha sin un respaldo legal. “Si un funcionario público no cumple con lo establecido en la Constitución y la ley, genera tres cosas: inseguridad jurídica, desconfianza y un alto costo para el país”, subraya Llanes.
El incumplimiento de las normas constitucionales por parte del CNE no solo afecta el orden interno, sino que también repercute en la percepción internacional. La inseguridad jurídica que esto provoca desalienta la inversión extranjera y la suscripción de acuerdos comerciales. Empresas que desean desarrollar actividades en el país encuentran trabas debido a la falta de confianza en las instituciones. Llanes asegura que este es un problema recurrente en Ecuador, donde “es deporte nacional no cumplir la Constitución ni las leyes”.
Este panorama afecta gravemente el sistema judicial, que se ve sobrecargado de conflictos y litigios derivados de la violación de derechos y la falta de cumplimiento de normas. Llanes señala que mantener un sistema judicial costoso y saturado por estos conflictos tiene un impacto directo en las finanzas del país, algo que Ecuador no puede permitirse.
El CNE, bajo la presidencia de Diana Atamaint, tiene un mandato claro: cumplir con sus funciones hasta el 20 de noviembre de 2024. Sin embargo, algunos miembros del Consejo podrían buscar extender su periodo, argumentando la proximidad del cronograma electoral. Llanes es tajante en este punto: “La Constitución y el Código de la Democracia no permiten prórrogas en las funciones de los consejeros, ni siquiera por razones electorales”. Si los vocales continúan en sus cargos un solo día después de la fecha establecida, incurrirían en una ilegalidad que socavaría la legitimidad del CNE.
En septiembre de 2024, Llanes envió una carta al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, solicitando la renovación inmediata de los vocales del CNE. “Si no actuamos conforme a la ley, corremos el riesgo de caer en un vacío de legalidad”, advierte. Además, el analista recalca que los suplentes están preparados para asumir sus funciones tan pronto termine el mandato de los principales. “No hay excusas para no cumplir con la Constitución”, enfatiza.
El CPCCS, que alguna vez tuvo facultades amplias de control y fiscalización, ha perdido gran parte de su influencia. Llanes recuerda que bajo la presidencia del doctor Julio César Trujillo, el CPCCS tenía la capacidad de evaluar y destituir a funcionarios del CNE. Sin embargo, hoy en día, su única función es la designación de autoridades de control. “A pesar de tener más de 300 funcionarios, el CPCCS no realiza auditorías ni seguimiento”, señala Llanes.
Este debilitamiento institucional ha afectado la capacidad del CPCCS para cumplir con su rol de garante de la democracia. Llanes también menciona el elevado costo de mantener una burocracia ineficiente: “Los consejeros ganan sueldos que oscilan entre los 5.000 y 6.000 dólares mensuales, pero no logran cumplir con su única función de designar a los vocales del CNE”.
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Uno de los argumentos que podría esgrimirse para justificar la permanencia de los vocales actuales en el CNE es la proximidad de las elecciones. Sin embargo, Llanes desestima esta posibilidad: “El Código de la Democracia no establece que, por estar en un cronograma electoral, los vocales puedan prorrogarse en sus funciones”. Al contrario, permitir esta práctica sería crear un mito jurídico que socava la Constitución y la estabilidad del sistema electoral.
Para Llanes, el problema radica en la falta de voluntad política. “Es necesario liberarnos de los mitos y actuar conforme a la ley”, concluye. El analista hace un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para que exijan que el CNE cumpla con la Constitución, y advierte que, si se permite una prórroga en funciones, se corre el riesgo de legitimar la ilegalidad.
El panorama institucional en Ecuador es incierto. Llanes señala que la responsabilidad recae tanto en el CNE como en el CPCCS, ambos organismos llamados a garantizar la legalidad en el proceso electoral. “La irresponsabilidad de no renovar los vocales del CNE nos ha llevado a un callejón sin salida”, sentencia Llanes.
La pregunta es clara: ¿permitirá la sociedad ecuatoriana que se violen los principios constitucionales en nombre de la estabilidad electoral, o exigirán un cambio inmediato que respete el estado de derecho?
Fuente: PORTADAS | prensa.ec
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