Quito intensifica medidas para controlar la velocidad, pero las sanciones generan debate

El aumento de los operativos de control de velocidad en Quito ha generado una ola de controversia y debate. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad vial, las sanciones, que pueden incluir prisión, son vistas como desproporcionadas en medio de una ciudad que enfrenta múltiples desafíos.

Desde el 2014, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ha estipulado regulaciones para el control de velocidad en Quito. Sin embargo, tras una década, el creciente parque automotor y la falta de cultura vial han hecho que estas normas sean más necesarias que nunca. En la actualidad, con cerca de 400,000 vehículos matriculados anualmente en una ciudad con una población de más de 3.5 millones, la convivencia entre diferentes actores viales es tensa y competitiva.

El consultor en movilidad y seguridad, Darío Paladines, ha señalado que Quito se ha vuelto una ciudad donde la coexistencia vial es un desafío. “Hoy en día, no interactuamos, competimos,” afirmó Paladines. La carga de violencia y falta de respeto en las vías es palpable, y aunque la intención de los operativos es positiva, las sanciones han sido criticadas por ser excesivamente severas.

Los operativos actuales imponen multas y penas de prisión a los infractores. Por ejemplo, circular entre 50 y 60 km/h en zonas permitidas implica una multa del 30% del salario básico. Superar los 60 km/h puede resultar en tres días de prisión, el pago de un salario básico completo y la pérdida de 10 puntos en la licencia de conducir. Según Paladines, estas medidas no solo son desproporcionadas sino que también afectan gravemente a la vida de los ciudadanos, especialmente en un contexto de crisis económica y recuperación post-pandemia.

La implementación de estos operativos ha sido recibida con escepticismo. Paladines señala que aunque el actual director de la Agencia Metropolitana de Tránsito está haciendo esfuerzos planificados, la naturaleza temporal de su cargo y los problemas de corrupción dentro de la agencia generan dudas sobre la continuidad y eficacia de estas medidas. “¿En manos de quién estarán estos dispositivos cuando el director ya no esté?” se pregunta Paladines, subrayando la preocupación sobre la ética y la profesionalidad de los agentes.

Además, la falta de una planificación integral y educación vial contribuye a la problemática. Paladines sugiere que más allá de las sanciones, es crucial fomentar una cultura de educación vial desde temprana edad. A pesar de la implementación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la educación vial ha quedado rezagada, y la falta de señalización adecuada y socialización de los operativos deja a muchos ciudadanos desinformados.

Paladines propone que se utilicen métodos de comunicación más accesibles para informar a los ciudadanos sobre los operativos, como mensajes de texto a través de las operadoras móviles. Esto garantizaría que incluso aquellos sin acceso a redes sociales puedan estar al tanto y prevenir infracciones. “Es vital salvar vidas, pero también es crucial no dejar sin trabajo a las personas ni privarlas de su libertad por infracciones que podrían ser evitadas con una mejor comunicación,” añade Paladines.

En resumen, aunque los operativos de control de velocidad en Quito buscan mejorar la seguridad vial, las sanciones severas y la falta de una educación vial adecuada generan controversia. La pregunta que queda es: ¿podrán las autoridades encontrar un equilibrio entre la seguridad y la justicia en la implementación de estas medidas?

Fuente: PORTADA | prensa.ec