La solicitud de intervención del ex asambleísta Aleaga reactiva el debate sobre los límites de la función legislativa.
La reciente convocatoria a la Fiscal, Diana Salazar a la Comisión de Fiscalización ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos. Mientras algunos señalan un claro quebrantamiento de los deberes éticos que rigen la labor parlamentaria, otros lo califican como un movimiento puramente político. En medio de esta polémica, la Asamblea Nacional analiza posibles sanciones contra la presidenta de dicha comisión.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se ha convertido en el epicentro de un acalorado debate tras la controversial solicitud de intervención del ex asambleísta Ronny Aleaga, quien enfrenta un proceso penal en el caso conocido como “Metástasis”. Esta situación ha puesto en tela de juicio la actuación de la presidenta de la comisión y ha reavivado los cuestionamientos sobre los límites éticos que deben regir la labor legislativa.
Según Xavier Aguilar Viteri, especialista en Derecho Público, la convocatoria a la fiscal e intento de intervención del ex asambleísta, podría constituir una violación a los deberes éticos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aguilar sostiene que los asambleístas tienen la obligación de “actuar con probidad, generar confianza y credibilidad en la ciudadanía, y coadyuvar a elevar el prestigio de la institución parlamentaria”.
Aguilar Viteri sostiene que esta acción podría constituir una violación a los deberes éticos legislativos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Específicamente, los numerales 2, 3, 9 y 12 del artículo 162, que exigen actuar con probidad, honestidad, responsabilidad y preservar la confianza ciudadana en la institución parlamentaria.
“No creo que solamente ameritaría una sesión administrativa sea leve, grave o muy grave. El proceder de los legisladores se enmarca dentro de las causales de destitución”, afirmó el especialista, refiriéndose a las posibles sanciones disciplinarias que podrían enfrentar los involucrados.
Según Aguilar Viteri, el presidente de la Asamblea Nacional tiene la potestad de iniciar un sumario administrativo en contra de la presidenta de la Comisión de Fiscalización y otros legisladores involucrados, buscando sanciones como la suspensión o destitución por haber vulnerado los deberes éticos establecidos en la ley.
En medio de este clima tenso, la ciudadanía se encuentra expectante ante las decisiones que se tomen en torno a este polémico caso. Mientras algunos claman por la aplicación estricta de la ley y el respeto a los principios éticos, otros ven en esta situación un reflejo de las tensiones y disputas políticas que caracterizan el actual escenario nacional.
Fuente: Portadas | prensa.ec
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