Venezuela condena nuevas sanciones de EE. UU., Reino Unido y la Unión Europea

Las medidas punitivas impuestas tras la reelección de Nicolás Maduro agudizan la tensión internacional y el debate sobre el impacto de las sanciones en la crisis venezolana.

En respuesta a las recientes sanciones impuestas por EE. UU., Reino Unido y la Unión Europea, el gobierno venezolano y sus Fuerzas Armadas rechazaron categóricamente estas medidas, calificándolas como parte de una “guerra económica” destinada a desestabilizar al país.

Venezuela enfrenta nuevamente un episodio de presión internacional luego de que EE. UU., Reino Unido y la Unión Europea impusieran sanciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno, en un contexto marcado por la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato.

Las medidas incluyen restricciones de viaje y congelación de activos contra 15 nuevos individuos, entre ellos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad. Estas sanciones elevan a 69 el número total de personas bajo estas restricciones en la Unión Europea, reforzando lo que la comunidad internacional describe como una respuesta a la “erosión de la democracia y las violaciones de derechos humanos” en el país.

El general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, rechazó enérgicamente las sanciones en un comunicado publicado en redes sociales. “Las Fuerzas Armadas categóricamente rechazan estas medidas impuestas por la infame hermandad imperial”, afirmó.

Por su parte, el presidente Maduro calificó las sanciones como ilegítimas y reiteró que forman parte de una “guerra económica” destinada a desestabilizar al país. “Seguiremos luchando contra el flagelo del narcotráfico y defendiendo nuestra soberanía frente a estas agresiones internacionales”, declaró en un acto público.

Además de las sanciones, EE. UU. aumentó la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro, ahora fijada en 25 millones de dólares, mientras que ofreció recompensas similares por otros altos funcionarios venezolanos, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

El gobierno de Maduro declaró su victoria en las elecciones presidenciales de julio de 2024, avalada por el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, la oposición asegura que los resultados muestran un triunfo claro para el candidato Edmundo González, denunciando irregularidades y falta de transparencia en el proceso.

Organismos internacionales han criticado la falta de avances hacia un diálogo liderado por Venezuela que restaure el estado de derecho y la democracia, señalando que las elecciones no cumplieron con los estándares de competitividad e inclusión.

Desde 2013, la administración de Maduro ha enfrentado una profunda crisis económica y social agravada por las sanciones internacionales. Según analistas, estas medidas, aunque buscan presionar al gobierno, han tenido un impacto severo en la población. Más de 7 millones de venezolanos han migrado en la última década, mientras la inflación y la escasez de productos básicos siguen siendo problemas persistentes.

Maduro y su gobierno insisten en que las sanciones son un ataque directo a la economía venezolana y han obstaculizado el acceso a bienes esenciales. Sin embargo, sectores críticos argumentan que el propio manejo interno de la economía ha contribuido significativamente a la crisis. ¿Son las sanciones internacionales una herramienta efectiva para restaurar la democracia en Venezuela, o profundizan aún más la crisis económica y social del país?

Fuente: prensa.ec