Revolución Ciudadana intensifica lucha legal por supuesto fraude electoral

González presenta pruebas sobre irregularidades en los comicios presidenciales de abril

La líder del movimiento Revolución Ciudadana no reconoce los resultados electorales y denuncia un “fraude institucional” orquestado desde organismos estatales.

En una rueda de prensa que marca un punto de inflexión en la crisis postelectoral ecuatoriana, Luisa González Alcíbar, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, presentó un detallado informe sobre las irregularidades que, según afirma, comprometen la legitimidad de las elecciones presidenciales del pasado 13 de abril.

La dirigente política lanzó graves acusaciones contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), señalando una presunta articulación entre ambos organismos y el gobierno durante todo el periodo electoral. “El gobierno pide, dispone, y estos organismos electorales acatan sus disposiciones”, sentenció González ante los medios de comunicación convocados.

Entre las principales denuncias expuestas por González destacan el uso indebido de recursos públicos durante la campaña, la transferencia de tinta entre opciones políticas en las papeletas electorales, restricciones al uso de dispositivos electrónicos a los delegados de organizaciones políticas, y la militarización excesiva de recintos electorales en zonas donde la Revolución Ciudadana contaba con mayor apoyo.

“Se usaron cerca de 500 millones de dólares para comprar el voto”, aseguró González al referirse a las transferencias monetarias que el gobierno realizó antes, durante y después de la jornada electoral. “Fueron transferencias de $1,000 o $2,000 por miembro familiar el día de las elecciones, el día anterior e incluso el día posterior”, especificó.

Un elemento central en su denuncia se relaciona con los bolígrafos utilizados en los recintos electorales. Según González, un peritaje realizado en España confirmó que la tinta empleada era “acuosa, no secaba rápido y se transfería entre opciones electorales”, lo que habría generado confusión en la interpretación de los votos y, en algunos casos, su anulación.

La dirigente enfatizó que esta observación no proviene originalmente de su movimiento político, sino del propio informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya misión de observación electoral constató que “la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre opciones políticas al doblarlas”.

El procurador de la alianza RC5-RETO Francisco Estarellas informó que han ingresado tres nuevos pedidos al CNE, solicitando información sobre la auditoría dispuesta en la transitoria sexta del Código de la Democracia y el cumplimiento de recomendaciones previas de la Contraloría General del Estado.

“Hemos realizado 34 pedidos al CNE entre el 19 de abril hasta la fecha, y ninguno ha sido atendido”, denunció el procurador, quien agregó que esta información es fundamental para “poder defendernos y comprobar las irregularidades e inconsistencias” del proceso electoral.

Entre los requerimientos más urgentes que la Revolución Ciudadana ha solicitado al CNE se encuentra el paradero de las papeletas que estaban destinadas a Venezuela (donde se suspendió la votación), la entrega del padrón electoral utilizado tanto en primera como en segunda vuelta, y los términos de referencia para la contratación del kit electoral, particularmente los bolígrafos cuestionados.

González también mencionó otras irregularidades como el nombramiento del hermano de Diana Atamaint (presidenta del CNE) como cónsul en Queens, la designación del sobrino del vicepresidente como contratista del Estado, la descalificación del candidato Jan Topic, los excesivos estados de excepción observados por la Corte Constitucional, y cambios de última hora en recintos electorales donde la Revolución Ciudadana tenía ventaja.

A pesar de que el CNE ya ha proclamado oficialmente los resultados electorales, González advirtió que su movimiento continuará la batalla legal, incluso ante cortes internacionales. “Ellos pueden proclamar los resultados, pero más allá de todo eso tienen que atender nuestros pedidos”, sentenció.

Mientras Ecuador sigue profundizando su polarización política, queda la interrogante: ¿logrará la Revolución Ciudadana presentar pruebas contundentes que obliguen a una revisión del proceso electoral o prevalecerán los resultados ya oficializados por el CNE?