Plazo de la Comunidad Andina presiona las tasas arancelarias entre Ecuador y Colombia

El Gobierno ecuatoriano prepara una respuesta institucional conjunta ante el dictamen que exige el retorno a cero de los gravámenes fronterizos.

Este jueves 21 de mayo expira el plazo de 10 días laborables otorgado por la Comunidad Andina (CAN) para que Ecuador y Colombia pongan fin a la imposición mutua de tasas arancelarias. La resolución, emitida el pasado 7 de mayo, busca restablecer el libre comercio subregional tras la suspensión del diálogo bilateral. Actualmente, la administración del presidente Daniel Noboa mantiene un arancel del 100% a los productos colombianos, mientras que las mercancías ecuatorianas afrontan tasas de entre el 35% y el 75% para ingresar al mercado vecino.

Coordinación estatal ante el dictamen aduanero

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, confirmó que Ecuador no desacatará la disposición del organismo multilateral, sino que define una postura oficial defensiva. La respuesta técnica y jurídica está siendo estructurada de forma conjunta entre la Cancillería, la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Comité de Comercio Exterior (Comex) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

La CAN determinó previamente que Ecuador no logró justificar técnicamente que su tasa de seguridad correspondiera a un servicio real de control aduanero. Ante la posibilidad de que el diferendo escale hasta el Tribunal Andino de Justicia, la canciller Sommerfeld sostuvo que el país cuenta con suficiente evidencia para sustentar dicha tasa en la frontera norte, argumentando que la permeabilidad del narcotráfico ha afectado la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria nacional durante las últimas dos décadas.

Evaluaciones de la agenda bilateral con Estados Unidos

Respecto a la reciente visita del Ejecutivo a Washington, la jefa de la diplomacia ecuatoriana detalló los avances alcanzados en los ejes de seguridad y comercio. Sommerfeld destacó la apertura de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en territorio ecuatoriano como un hito para fortalecer las capacidades operativas locales. Asimismo, se ratificó la vigencia de acuerdos de cooperación en energía nuclear, transferencia tecnológica, convenios con Homeland Security para inteligencia, y operaciones conjuntas en aire, mar y tierra.

En el ámbito comercial, la funcionaria explicó que la gestión presidencial prioriza el concepto de “comercio sobre ayuda”, argumentando que el intercambio mercantil genera sostenibilidad económica y plazas de empleo a largo plazo, a diferencia de las asignaciones discrecionales. Aunque descartó la negociación inmediata de un Tratado de Libre Comercio (TLC) formal, precisó que el Acuerdo Comercial Recíproco se encuentra en trámite interno para su revisión en la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, abarcando materias de modernización económica y sostenibilidad ambiental.

Transición diplomática y reportes internacionales

La Cancillería aclaró la situación de la representación diplomática en Washington tras la salida de Pablo Zambrano. Según la versión oficial, el exembajador anticipó su retiro dos meses antes debido a quebrantos de salud y motivos personales. El Gobierno central ya notificó verbalmente a Estados Unidos sobre una nueva propuesta de candidato y se encuentra a la espera del beneplácito correspondiente, un proceso de debida diligencia que habitualmente precede a la acreditación de cartas credenciales.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó el alcance de los últimos informes emitidos por el gobierno estadounidense. Sommerfeld aclaró que la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de Washington reconoce a Ecuador como un aliado estratégico en la región para el combate al narcoterrorismo, identificando a los grupos beligerantes en el territorio. Por otra parte, la Estrategia Nacional para el Control de Drogas omitió acciones específicas para el país, concentrando su enfoque sectorial de manera exclusiva en México y Colombia.