La decisión del Congreso peruano responde al otorgamiento de asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez y aviva tensiones diplomáticas entre ambos países.

El Congreso de la República del Perú aprobó el 6 de noviembre de 2025 una moción para declarar persona non grata a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras considerar que el asilo diplomático otorgado a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez constituye una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” del país andino. La medida, respaldada por 63 votos a favor y 34 en contra, ha generado una fuerte respuesta del gobierno mexicano, que rechazó la acusación y defendió su decisión como un acto humanitario en apego al derecho internacional.
Tensión diplomática por asilo político
La crisis entre Perú y México se intensificó tras la decisión del gobierno de Sheinbaum de conceder asilo político a Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. Chávez enfrenta procesos judiciales en Perú tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022, luego de que el entonces presidente intentara disolver el Congreso en un movimiento calificado como autogolpe.
Según el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), la protección diplomática otorgada a Chávez se realizó “en estricto apego al derecho internacional”, cuyas normas, afirma, “son vinculantes tanto para México como para Perú”. La entidad recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha definido el asilo político como “un acto pacífico y humanitario” que no debe interpretarse como una acción hostil entre Estados.

El Congreso peruano: defensa de la soberanía nacional
El Pleno del Congreso peruano justificó la declaración de persona non grata como una medida de defensa de la soberanía y el orden democrático. En el acuerdo aprobado, los legisladores señalaron que la postura de Sheinbaum, así como los pronunciamientos previos de su antecesor Andrés Manuel López Obrador en favor de Pedro Castillo, representan una “interferencia política inaceptable” en los procesos judiciales y políticos peruanos.
La moción fue impulsada por bancadas mayoritariamente de derecha y centro, que han criticado reiteradamente la postura del gobierno mexicano desde 2022. El texto aprobado será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú para su gestión diplomática, aunque no implica una ruptura formal de relaciones ni la expulsión de la mandataria mexicana, ya que el estatus de persona non grata carece de efectos jurídicos vinculantes cuando se aplica a jefes de Estado.
México rechaza la medida y reafirma su política exterior
Desde Ciudad de México, el gobierno de Sheinbaum respondió con firmeza. En un comunicado oficial, la SRE calificó la decisión del Congreso peruano como “motivada por planteamientos falsos” y reiteró que México “no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú”, en cumplimiento de sus “principios normativos de política exterior” y su “tradición diplomática”.
La postura mexicana invoca la Doctrina Estrada, una política exterior histórica que rechaza la intervención en los asuntos internos de otros Estados y promueve el respeto al principio de no intervención. No obstante, críticos señalan una aparente contradicción entre este principio y el apoyo explícito que el gobierno mexicano ha brindado a figuras políticas peruanas en conflicto con las instituciones de su país.
Analistas internacionales destacan que, si bien el asilo es un derecho soberano de cada Estado, su uso en contextos políticamente sensibles puede ser percibido como una forma de presión diplomática. En este caso, el otorgamiento de asilo a Chávez refuerza la narrativa mexicana de defensa de la autonomía judicial y los derechos humanos, pero también tensiona la relación bilateral con Lima.
Repercusiones regionales y precedentes
Este incidente no es aislado en la región. Durante los últimos años, México ha otorgado asilo a figuras como el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera y a varios colaboradores del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Estas decisiones han generado tanto elogios por su compromiso con los derechos humanos como críticas por su sesgo ideológico.
En el caso peruano, la medida reabre el debate sobre los límites del asilo diplomático y la responsabilidad de los Estados al acoger a funcionarios procesados por delitos vinculados a la gestión pública. Para muchos en Perú, el asilo a Chávez —quien enfrenta cargos por presunta corrupción y obstrucción a la justicia— representa una afrenta al sistema judicial y a la separación de poderes.
¿Hacia una nueva crisis en la diplomacia latinoamericana?
La declaración del Congreso peruano no implica una ruptura inmediata de relaciones, pero sí refleja una profunda desconfianza entre ambos gobiernos. En una región marcada por crisis políticas recurrentes, la diplomacia se ha convertido en un campo de batalla ideológico donde el asilo, la no intervención y la soberanía se interpretan de maneras radicalmente distintas.
México y Perú comparten una larga historia de cooperación en foros multilaterales, pero este episodio podría afectar su coordinación en espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o la Alianza del Pacífico. La forma en que ambas partes gestionen este conflicto definirá no solo su relación bilateral, sino también el tono del diálogo diplomático en América Latina en los próximos meses.








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