Nombramientos provisionales en la Asamblea Nacional: ¿Transparencia o manipulación política?

La administradora general, Gardenia Segovia, defiende los nombramientos provisionales como un proceso administrativo legítimo, mientras la bancada ADN denuncia irregularidades y acusa al correísmo de manipular la institución.

En medio de una polémica que ha sacudido a la Asamblea Nacional, la administradora general, Gardenia Segovia, ha salido al frente para aclarar los nombramientos provisionales de 14 funcionarios. Mientras ella insiste en la legalidad del proceso, la bancada ADN acusa al correísmo de usar la institución como un “cuartel de campaña”. ¿Qué hay detrás de esta controversia?

Gardenia Segovia, administradora general de la Asamblea Nacional, explicó en una rueda de prensa que los nombramientos provisionales son una figura legal contemplada en el artículo 13 del Reglamento Interno de Talento Humano (RIATH). Estos nombramientos, según Segovia, son temporales y están sujetos a la realización de un concurso de méritos y oposición, programado para febrero de 2026.

“Los nombramientos provisionales no son definitivos. Son una medida temporal para garantizar la continuidad de los procesos administrativos y la estabilidad laboral de los funcionarios”, afirmó Segovia. Además, destacó que estos nombramientos se otorgaron a personas que ya trabajaban en la Asamblea bajo contratos ocasionales, cumpliendo con los requisitos legales y de desempeño.

Sin embargo, la bancada oficialista Alianza Democrática Nacional (ADN) ha denunciado irregularidades en el proceso. En un comunicado, ADN exigió una investigación urgente y acusó a la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, de favorecer a un grupo reducido de personas bajo intereses políticos. “Estos nombramientos podrían estar siendo hechos sin cumplir con los procedimientos establecidos por la ley”, señaló el comunicado.

Segovia desmintió las acusaciones de irregularidades y aseguró que todos los nombramientos se realizaron bajo la supervisión de la Contraloría General del Estado. “No tenemos nada que ocultar. La presidenta Viviana Veloz incluso solicitó un examen especial a la Contraloría para garantizar la transparencia del proceso”, afirmó.

Además, la administradora general aclaró que no se otorgó ningún nombramiento al funcionario Marcelo Gudiño, quien ha sido objeto de especulaciones en medios de comunicación. “El conductor al que se refieren trabaja en la institución desde 1990 y tiene un nombramiento permanente. Nosotros no podemos vulnerar sus derechos adquiridos”, explicó.

Por su parte, la bancada ADN ha intensificado sus críticas, acusando al correísmo de manipular la Asamblea Nacional. “Rechazamos tajantemente esta burla a los ecuatorianos. No permitiremos que el correísmo siga usando la Asamblea como su cuartel de campaña”, declaró el asambleísta Diego Matovelle.

ADN ha solicitado una sesión urgente del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para analizar los nombramientos y exigió un informe detallado sobre los criterios utilizados. “Es fundamental garantizar la transparencia en los procesos administrativos de la Asamblea”, agregó Matovelle.

Daniel Coloma, coordinador de Talento Humano, reveló que solo el 16% del personal de la Asamblea tiene nombramientos definitivos, mientras que el 77% trabaja bajo contratos ocasionales y el 7% restante son funcionarios de libre remoción. “Estos nombramientos provisionales son necesarios para garantizar la continuidad de los procesos y el correcto funcionamiento de la institución”, explicó Coloma.

Segovia también destacó que los nombramientos provisionales no son exclusivos de la Asamblea. “En el Ejecutivo, el Ministerio de Defensa tiene 374 nombramientos provisionales y el Ministerio de Gobierno, 343. Esto es una práctica normal en todas las instituciones del Estado”, afirmó.

La polémica sobre los nombramientos provisionales en la Asamblea Nacional ha puesto en evidencia las tensiones políticas que atraviesa la institución. Mientras la administración defiende la legalidad y transparencia del proceso, la bancada ADN insiste en que hay intereses políticos detrás de estas decisiones.

¿Está la Asamblea Nacional priorizando la estabilidad laboral y la continuidad administrativa, o se trata de una maniobra política para consolidar influencias? La respuesta podría definir no solo el futuro de la institución, sino también la confianza de los ecuatorianos en su sistema legislativo.