Ley Orgánica de Integridad Pública: Un paso hacia la lucha contra la corrupción y la delincuencia en Ecuador

Aprobación de una normativa que busca erradicar la violencia, corrupción y mejorar la eficiencia del sector público.

Con 84 votos a favor, 62 en contra y dos abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el proyecto de ley orgánica de integridad pública, una normativa que ha generado amplio debate y críticas entre juristas, sectores sociales y organismos internacionales como UNICEF.

La ley, remitida por el Ejecutivo con carácter de económico urgente, agrupa reformas en contratación pública, justicia, fortalecimiento institucional y endurecimiento penal, incluyendo disposiciones polémicas como el juzgamiento de adolescentes como adultos en casos de crimen organizado.

Desde el oficialismo, se ha presentado como un hito contra la corrupción y un instrumento fundamental para dotar al estado de herramientas operativas eficaces. Sin embargo, diversas voces cuestionan su constitucionalidad, especialmente en relación con el principio de unidad de materia, al mezclar temas administrativos, penales, judiciales e incluso de infancia en un solo cuerpo normativo.

La ley de integridad pública contempla reformas en cerca de 19 cuerpos legales, lo que ha sido criticado por algunos sectores como una “ensalada” normativa, al abarcar temas tan diversos como el Código Penal, la niñez y adolescencia, compras públicas, migratorio y procesos financieros.

Uno de los puntos más controvertidos es la declaratoria de emergencia judicial, que otorga mayores facultades al presidente de la República y al Consejo de la Judicatura para implementar medidas extraordinarias en el sistema judicial. Esto incluye evaluaciones express a jueces y fiscales, reasignación de recursos presupuestarios y contrataciones por emergencia.

Además, la ley establece que los adolescentes involucrados en crimen organizado serán juzgados como adultos, una medida que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos como UNICEF, quienes advierten sobre posibles violaciones al principio de interés superior del niño.

El oficialismo argumenta que la ley es necesaria para proteger la vida y dignidad de los ciudadanos, erradicar la corrupción y la violencia, y mejorar la eficiencia del sector público. Sin embargo, los opositores señalan que la forma en que se ha impulsado la ley, con procedimientos acelerados y sin suficiente debate, pone en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema democrático.

La ley orgánica de integridad pública representa un intento del gobierno de dar respuesta a la demanda ciudadana de mayor seguridad y justicia. Sin embargo, su implementación deberá enfrentar múltiples desafíos, incluyendo posibles demandas de inconstitucionalidad y la necesidad de garantizar la transparencia y equidad en su aplicación.

La verdadera prueba de esta normativa será su capacidad para generar cambios efectivos en la lucha contra la corrupción y la delincuencia, sin caer en la arbitrariedad ni vulnerar derechos fundamentales. Mientras tanto, el debate sigue abierto y la ciudadanía espera con expectativa los resultados de esta controvertida iniciativa legislativa.