Indígenas y campesinos paralizan Ecuador contra ajuste de Noboa

Movimientos indígenas y campesinos lidera movilización contra políticas económicas del gobierno de Daniel Noboa.

Organizaciones indígenas, campesinas y sociales de todo Ecuador declararon un paro nacional indefinido para exigir la derogatoria inmediata del decreto ejecutivo 126, que elimina el subsidio al diésel y encarece el transporte, la producción y los alimentos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a Fenocín, Ecuarunari y otras organizaciones regionales, convocan a movilizaciones masivas, alertan sobre represión estatal y activan guardias comunitarias en defensa de sus territorios, amparándose en el derecho constitucional a la resistencia.

¿Qué establece el decreto 126 y por qué genera rechazo?

El decreto ejecutivo 126, emitido por el gobierno de Daniel Noboa, elimina el subsidio estatal al diésel, lo que ha provocado un aumento inmediato en los costos de transporte, producción agrícola, pesca y distribución de alimentos. Según las organizaciones movilizadas, esta medida impacta directamente en los sectores más vulnerables del país, especialmente en familias que ganan menos de $91,43 mensuales —límite de la línea de pobreza extrema según el INEC—.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín) denuncian que el ajuste económico responde a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y beneficia a grandes empresarios, mientras profundiza la crisis económica en zonas rurales y urbanas marginadas. “El diésel no es un lujo: es desde el tractor hasta el camión que lleva el arroz al mercado”, señaló un vocero de Fenocín.

Además, las organizaciones rechazan que el gobierno destine más de $60 millones a una consulta popular y una posible asamblea constituyente, recursos que, según ellas, deberían destinarse a salud, educación y apoyo al agro.

Territorios en resistencia: estado de excepción comunitario y guardias indígenas

En respuesta a lo que califican como “criminalización de la protesta”, varias organizaciones indígenas han declarado “estado de excepción comunitario” en sus territorios, prohibiendo el ingreso de fuerzas policiales y militares. Esta medida, adoptada por la CONAIE, CHIJALLTA FICI (Imbabura), UNORCAC (Cotacachi) y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), se fundamenta en el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana, que reconoce el derecho a la resistencia frente a políticas que vulneren derechos colectivos.

Las guardias comunitarias, estructuras de autodefensa históricas en comunidades indígenas, han sido reactivadas para proteger a la población y garantizar el orden interno. En Cotopaxi, por ejemplo, se ha declarado “persona no grata” al presidente Noboa y a la vicepresidenta María José Pinto, además de a varios asambleístas acusados de votar en contra de los intereses populares.

“Nos negamos a desaparecer. Estamos aquí desde hace más de 6.000 años y no permitiremos que nos impongan políticas que destruyen nuestra economía y nuestra Pachamama”, declaró un dirigente del MICC durante la asamblea en Latacunga.

Rechazo al extractivismo y exigencias económicas adicionales

Además del paro y la derogatoria del decreto 126, las organizaciones exigen la revocatoria de licencias ambientales en zonas sensibles como los páramos de Quimsacocha y Loma Larga, donde la expansión minera amenaza fuentes de agua y biodiversidad. Denuncian que el gobierno prioriza intereses corporativos sobre la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza.

También exigen la reducción del IVA del 15% al 12%, argumentando que el impuesto no ha cumplido su objetivo de financiar la seguridad, sector que —según datos oficiales— sigue en crisis. “Hoy tenemos más inseguridad que antes del aumento del IVA”, señaló un vocero de CHIJALLTA FICI.

Otra exigencia clave es la reinstalación del Parlamento Plurinacional, espacio de diálogo entre pueblos, nacionalidades y sectores sociales, suspendido desde 2022. Las organizaciones insisten en que cualquier reforma legal debe incluir consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Convocatoria nacional y llamado a la unidad social

La movilización no se limita a las comunidades indígenas. Las organizaciones convocan a transportistas, estudiantes, trabajadores, amas de casa, comerciantes y sindicatos a sumarse a la protesta. En Cotacachi, por ejemplo, ya se coordinan con cooperativas de transporte que, aunque reciben bonos temporales, reconocen que el alza del diésel impactará en el precio del pasaje a mediano plazo.

“Esta no es una lucha indígena, es una lucha de todos los empobrecidos del Ecuador”, afirmó Marta Túqueres, presidenta de UNORCAC. Las acciones incluyen bloqueos progresivos, tomas simbólicas de ciudades y vigilancia comunitaria, con énfasis en proteger el libre tránsito de ambulancias y personal de salud.

Las organizaciones también responsabilizan al gobierno por cualquier acto de violencia o represión durante las movilizaciones, y han alertado a organismos internacionales como la ONU y la CIDH para que monitoreen la situación.

Una crisis que trasciende lo económico

El paro nacional indefinido en Ecuador no es solo una respuesta a un decreto económico: es la expresión de un malestar acumulado frente a políticas que, según las organizaciones movilizadas, profundizan la desigualdad, criminalizan la protesta y desconocen los derechos colectivos y ambientales. Mientras el gobierno insiste en que las medidas buscan estabilizar las finanzas públicas, las bases sociales exigen un cambio de rumbo que priorice la vida sobre el ajuste.

La movilización, representa uno de los mayores desafíos políticos para la administración de Noboa. La pregunta que queda en el aire es si el diálogo sustituirá a la confrontación, o si el país se encamina hacia una escalada de tensión con consecuencias impredecibles.